¿POR QUÉ LOS MONÁRQUICOS QUIEREN ARRUINAR AL PUEBLO?: PORQUE QUIEREN VOLVER A LA ÉPOCA MEDIEVAL, AL DERECHO DE PERNADA Y A LA ESCLAVITUD DE LOS CIUDADANOS, UTILIZANDO COMO INSTRUMENTO LA ECONOMÍA DE MERCADO, CAPITALISTA Y ABERRANTE, Y UNA JUSTICIA MONÁRQUICA DEL PRIVILEGIO.

La soberbia de los monárquicos es de tal calibre que, considerándose de sangre azul, quieren volver a los tiempos pretéritos del servilismo, el vasallaje, la humillación y el sometimiento de los ciudadanos. Antes mediante el uso de la fuerza de las armas, ahora mediante el mercado impuesto por los monárquicos capitalistas que con la fuerza de las armas manejadas por los jueces monárquicos, desahucian los bancos a los ciudadanos que previamente son engañados por una pléyade de abogados corruptos al servicio de los capitalistas que cifran toda su existencia en la avaricia y la codicia; son sádicos que les da placer hacer y ver sufrir a sus congéneres, es propio de los capitalistas. Es tal el nivel de codicia y avaricia que, antes de que los que someten, por la fuerza de las armas y un ordenamiento jurídico injusto, a la miseria obligándoles a buscar alimento en los contenedores de basura, impiden por cualquier medio que, alimentos en buen estado para ser consumidos que depositan en los contenedores de basura, les impiden cogerlos incluso poniendo candados en los contenedores o destruyendo los embases previamente para que no puedan ser utilizados o consumidos.

Es en esencia las leyes inhumanas del capitalismo, donde lo que prima para los capitalistas es el beneficio a costa, incluso, de la muerte de ciudadanos a los que previamente han explotado durante muchos años de duro trabajo y, el sistema impuesto por la fuerza de las armas manejadas por jueces monárquicos privilegiados, los ha desahuciado sin dejarles un mísera renta básica universal con la que poder cubrir sus necesidades.

El neoescalvismo capitalista se nos presenta en defensa de la libertad. Agentes libres que deciden según su capacidad de intervención pública -el dinero-, lo que comprar o donde trabajar. Son libres de despedirte o de ofrecer paupérrimas garantías y tú eres libre de marcharte o de no aceptar esas condiciones. Todos somos libres para convertirnos en siervos, cuando la parodia de la vida simulada transcurre entre pozos de consumo y la desesperación se viste de cinismo y miedo.

Al esclavo le aseguraban un techo -las infames ergástulas- y la manutención, pero en su versión renovada esto no se incluye. El neosclavismo capitalista EXIGIR UNA RENTA BÁSICA y no un trabajo precario, porque necesitamos reinventar las formas de protegernos contra los vaivenes del mercado capitalista injusto y caótico. Apropiarnos del tiempo y su riqueza para garantizar la vida en lugar de la renta y deuda financiera. La defensa de la democracia y el sostenimiento de la vida se ubican hoy más que nunca, en las antípodas del capitalismo.

La gota que colma el vaso de agua de la aberración de los capitalistas que solo buscan beneficio a costa de la sangre de los ciudadanos, es que, el Banco Central Europeo (BCE) concede prestamos a intereses por debajo de 1% a los bancos privados en el mercado primario de divisas, en lugar de hacer esos préstamos directamente a los Estados. Y, los bancos privados que obtiene esos préstamos a esos intereses tan bajos, pueden comprar deuda pública de los estados, pero a intereses cinco o seis veces más altos, con lo que, el BCE en lugar de favorecer que los Estados obtengan dinero a bajo interés, favorece el enriquecimiento de los bancos privados que, además, éstos, no prestan dinero permitiendo el crédito a los ciudadanos, sean pequeñas o medianas empresas, autónomos o familias. Lo que en definitiva es someter a los ciudadanos, al pueblo, y nunca mejor dicho, por la fuerza de las armas, pues no olvidemos que esa fuerza está a las ordenes de los gobiernos y jueces monárquicos privilegiados, para que trabajen, esclavizadamente, para los capitalistas.

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO MONARQUICO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE ESTA MONARQUÍA CORRUPTA. EN SUS CUENTAS NO APARECEN LOS GASTOS QUE OCASIONA EL BORBON EXTERNOS A SU PARTIDA PRESUPUESTARIA, COMO TAMPOCO LOS GASTOS QUE LE IMPUTAN A OTROS MINISTERIOS Y QUE NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO DE DEFENSA.

La aritmética es una ciencia exacta, pero los números cada uno los hace bailar a su manera. Esto es lo que pasa con las cuentas del presupuesto de Defensa: en los últimos cuatro años, el Gobierno nos ha presentado un presupuesto con unos números que representan un descenso respecto al año anterior. Luego, en el transcurso del ejercicio, esas cifras se han visto ampliadas con aportaciones extraordinarias, y al finalizar el ejercicio, acaban con un incremento que, según el año, oscila entre un 15% y un 20%, y que en el último decenio han supuesto un promedio de 1.400 millones de euros anuales.

Este mismo año 2012 se han superado todos los récords, se ha concedido un crédito extraordinario de 1.827,7 millones para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEAs), los cazas Eurofigther, los blindados Leopardo y Pizarro, los diversos buques militares, los helicópteros Tigre y NH-90, y así hasta 19 programas de armas. Pero, además, se han suplementado otras partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior, denominadas de manera eufemística “de mantenimiento de la paz”, cuando lo que están llevando a cabo en Afganistán es apoyo a una de las partes en una guerra civil; o en el océano Índico, donde protegen a los atuneros que expolian los caladeros frente a Somalia. Una partida a la que cada año se le asignan unos insuficientes 14,36 millones, que acaba el año superando los 850 millones y que es suplementada desde los Fondos de Contingencia, un cajón de sastre de donde se echa mano para ese pago. Otra fuente de ingresos es la generada por la venta de patrimonio público en manos de Defensa, que es uno de los mayores propietarios de patrimonio del Estado: cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas. En los últimos años se ha permitido la enajenación de dichas propiedades, lo que este año ha aportado 243 millones a las arcas de Defensa. Una cuantía que se destina, mayoritariamente, al pago de armamentos.

Estas modificaciones, que han suplementado el presupuesto de Defensa en 2.826,7 millones han supuesto un incremento, hasta septiembre de 2012, de un 27% respecto al presupuesto inicial, cuando, en boca del Gobierno, se había anunciado que disminuía un 8,8%. Una rebaja que se ha convertido en una estrepitoso engaño, pues hay recursos para suplementar el gasto de las fuerzas armadas pero no para gasto social o para el desarrollo de la economía productiva.

La previsión de pago del Ministerio de Defensa para el próximo año respecto de los controvertidos PEAs, de los cuales se adeudan nada más y nada menos que 32.000 millones, es de 6,84 millones. ¿Ocurrirá lo mismo que en 2012 y, avanzada la legislatura, se volverán a proporcionar más créditos extraordinarios para pagar las armas? La respuesta la ha dado el secretario de Defensa, Pedro Argüelles, ante la Comisión de Defensa del 8 de octubre, donde afirmó que no descartaba recurrir de nuevo a créditos para hacer frente al pago de esas armas. Se puede afirmar, por tanto, que la propuesta de disminuir un 6,7% el presupuesto de Defensa para el próximo 2013  (hasta 6.913,6 millones) es, sin ningún género de dudas, una falsedad.

Pero también hay una segunda cuestión que tiene que ver con la manera de contabilizar el gasto militar. La OTAN expone unos criterios sobre cómo los estados miembros deben presentar las cuentas. Y, siguiendo esos criterios, se debería tener presentes todos los gastos militares repartidos por otros ministerios, como las clases pasivas militares, la mutua militar, las contribuciones a organismos militares internacionales, el cuerpo militar de la GuardiaCivil y las ayudas en I+D militar del Ministerio de Industria. Entonces la cuantía se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si a ello se añade la parte proporcional de los intereses de la deuda de Defensa -que en su conjunto, y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera considerable- y se tienen en cuentas las aportaciones extraordinarias que se suman durante el ejercicio,  el gasto militar para el año 2013 superará los 16.000 millones de euros.

Los apologetas de la defensa armada esgrimen, como principal argumento del gasto militar, los enormes beneficios que reporta a la economía nacional la producción de armamentos por los efectos del trasvase de tecnologías en I+D a la producción de bienes civiles. Una especulación demostrada en contadísimos casos, cuando, al contrario, está demostrado que el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva, pues, como demuestran esos PEAs, genera endeudamiento y déficit público.

Los enormes recursos que absorben esos costosísimos programas de armamentos en la España del 25% de la población activa en paro no responden a las necesidades reales de seguridad de los españoles, sino al contrario, contribuyen a la inseguridad, destruyendo la economía real.

«TODO ESTÁ ATADO Y BIEN ATADO» DEL ÚLTIMO MENSAJE DE FRANCO. LA DESTRUCCIÓN POR LA MONARQUÍA FRANQUISTA DEL PUEBLO, SOMETIÉNDOLO A LA MISERIA, LA IGNORANCIA, LA HUMILLACIÓN, EL DESAHUCIO Y EL DESAMPARO, UTILIZANO COMO INSTRUMENTO DESTRUCTOR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MONÁRQUICOS. 

Antes de cada proceso electoral todos los partidos políticos, con la complicidad de la monarquía, que deciden concurrir al mismo elaboran un programa electoral. En estos programas cada organización detalla las políticas que tiene previsto poner en práctica durante la siguiente legislatura. La elaboración de estos documentos puede ser más o menos transparente o participativa. Algunos partidos abren el proceso de elaboración de su programa a toda la ciudadanía y organizaciones sociales interesadas, otros partidos encomiendan esta tarea únicamente a sus militantes, y otros encargan esta misión a opacas fundaciones dependientes de sus propias estructuras organizativas.

A pesar de lo diferente de la elaboración de los programas electorales, en lo que todos los partidos políticos coinciden es en que estos programas deben ser un contrato o compromiso firme que adquieren las organizaciones con sus votantes y con toda la ciudadanía en general, ya que una vez que todas las organizaciones políticas monárquicas presentan sus programas, es la ciudadanía la que tras el estudio o revisión de los mismos decide otorgar su voto a uno u otro partido en base a la promesas que figuran en cada uno de ellos, que por cierto, ninguno reclama la DEMOCRACIA PLENA en la que se pueda elegir al presidente del país.

Por lo dicho en las líneas previas, se presume que una vez llegado un partido político al Gobierno está obligado legalmente a cumplir y poner en práctica todo lo que debidamente figure en su programa electoral. Haciendo una comparación bastante simple, cuando una persona particular adquiere un compromiso o firma un contrato con otro particular, cuando una de las partes incumple el citado compromiso, la parte damnificada acude a la Justicia, y esta sanciona debidamente a la parte incumplidora.

Pues bien, en la actualidad, el Gobierno del Partido Popular monárquico presidido por Mariano Rajoy esta estafando a toda la ciudadanía del Estado español. Desde que este señor obtuvo la presidencia del Gobierno únicamente se ha preocupado por incumplir todas y cada una de las promesas que figuraban en su programa electoral.

Durante los últimos meses del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, así como durante toda la campaña electoral, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons y el resto de dirigentes del Partido Popular fueron los encargados de vociferar todas y cada una de las promesas electorales que ellos mismos incumplirían pocos meses después; no subir el IRPF, no subir la electricidad, no tocar ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación; no inyectar ni un solo céntimo a los bancos que no ofrecían liquidez a las familias, no abaratar el despido o no promover una amnistía fiscal.

Cuando ya parecía que era imposible incumplir una promesa electoral más, el monárquico señor Rajoy salió a hombros por la puerta grande de la mentira e incumplió de nuevo una de sus máximas promesas electorales: no subir el IVA. Durante toda la pasada campaña electoral los populares juraron y perjuraron que no subirían el IVA bajo ningún pretexto, juramentos que no tardaron en olvidar nada más llegar a la Moncloa. Y la Zarzuela aplaudiendo.

En el caso de la subida del IVA lo más grave de la cuestión no reside en el propio incumplimiento de la pertinente promesa electoral, sino en la burda hipocresía con la que los monárquicos populares han jugado con la población española. Tirando de hemeroteca nos acordamos de lo dicho por estos señores de la subida del IVA llevada a cabo por el Partido Socialista en julio del 2010. Toda la maquinaria mediática de los populares se afanó por cargar contra esta subida ya que la misma conllevaba más paro, menos consumo, menos bienestar, menos recuperación, menos economía, menos inversión, menos comercio, menos actividad, más recesión, menos negocio, menos ahorro y menos oportunidades (todo ello palabras textuales de la monárquica madrileña Esperanza Aguirre).

Estos señores tan faltos de memoria, que ponen en práctica las satánicas medidas que ellos mismos condenaban hace dos años, nos toman por estúpidos e intentan hacernos creer que hoy es necesario lo que ayer era un suicidio económico. Con la actual subida del IVA los populares únicamente van a lograr contraer más la economía y reducir más el consumo, así como estrangular más si cabe a las familias, autónomos y pequeñas empresas, las cuales se van a ver condenadas a la subida de precios y, por consiguiente, a la reducción de sus ventas.

¿Hasta cuándo vamos a permitir la ciudadanía que estos señores nos estafen incumpliendo de forma descarada todas y cada una de sus promesas electorales? En una presunta democracia del siglo XXI tendrían que existir herramientas o mecanismos democráticos que velasen por el cumplimiento de los programas electorales de los partidos políticos, y que a su vez sancionasen y expulsaran del gobierno a todo aquel que incumpliera la más mínima de sus promesas electorales.

Por todo ello, ante la continua prostitución del sistema imperante, y ante la demostrada inoperancia de PPSOE (los dos partidos políticos, monárquicos, cómplices del sistema bipartidista), se antoja imprescindible una rebelión democrática que haga frente a la guillotina social empleada por la monarquía y sus gobiernos monárquicos franquistas.

LA FELONÍA DE JUAN CARLOS BORBÓN. SUS ASESINATOS. SUS DELITOS DE TODA LAYA Y COMO JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, LA MAYOR INFAMIA A QUE SE PUEDE SOMETER A UN PUEBLO, COMO CÓMPLICES SUS GOBIERNOS MONÁRQUICOS Y LOS DEMÁS BORBONES CORRUPTOS DE SU FAMILIA.

Juan Carlos de Borbón empezó su infausta carrera, después de matar a su hermano de un certero disparo, poniéndose a disposición del dictador fascista y asesino que a la sazón aherrojaba España, colonias incluidas, con la pretensión de que le designara sucesor. Ninguna bajeza le fue ajena, incluida la felonía de ser proclamado rey por las Cortes fascistas mientras su padre, Juan III, vivía y no había abdicado, lo que le arrancó al cabo de los años. Mantuvo intacto el aparato de la dictadura y sus responsables, hasta que la presión popular e internacional le hizo imposible mantener la monarquía del 18 de julio. Juró los Principios Fundamentales del Movimiento, jamás ha jurado la Constitución.

Borboneó de inmediato intentando establecer un régimen semiautoritario, promovió golpes de Estado, y su fracaso le hizo prisionero de una voluntad democrática general que inteligentemente le presentó como un garante de la democracia que le atrapó en ese papel.

Vinieron unas décadas de envolverlo en un respeto basado en la continua intimidación, censura, y compra de periodistas y de políticos, facilitada ésta por el inmenso patrimonio que por comisiones y favores se dedicó Juan Carlos a amasar, no sin abandonar a la prisión a sus sucesivos colaboradores y encubridores según estallaban los escándalos que su corrupción generaba.

Todo empezó a torcerse en los últimos años, cuando internet imposibilita el círculo de silencio mediático y las fábulas que le protegían, a él, a su patrimonio y métodos de conseguirlo, a su vida personal y sexual, a su familia disfuncional, y a su insondable estupidez y maldad. Los documentos de los países extranjeros empiezan a desclasificarse, y nada puede hacerse para impedirlo. LA MONARQUÍA HA CAÍDO: ¡VIVA LA REPÚBLICA!.

LAS ABERRACIONES Y DEMAGOGIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTA MONARQUÍA CORRUPTA, DONDE MUEREN EN PRISIÓN UNA MEDIA ANUAL DE MÁS DE MIL DOSCIENTOS PENADOS, EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

Se suelen difundir, los medios monárquicos, varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal nombre, sino en pasiones, acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y salen por la otra, así como que las cárceles son hoteles, son tópicos que incomprensiblemente reinan en la sociedad española y sus medios de comunicación.

Cuando la crítica, absolutamente necesaria y bastante insuficiente, debería ir por otro lado. Es urgente una modernización de nuestro Derecho penal. Es descabellado que a las cárceles vayan masivamente los pobres, como en la monarquía  del siglo XIX, en tanto que los delitos más graves de carácter económico viven en una zona de descarada impunidad. Que los más de setenta mil penados y condenadas lo sean, sobre todo, por delitos de trapicheo de drogas, contra la salud pública y atentados contra la propiedad privada (hurtos, etcétera), y una generosa amnistía fiscal haya sido promovida recientemente por el actual Gobierno para defraudadores de Hacienda y blanqueadores de capital ilícito, son dos datos incontestables que hablan por sí solos.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la posibilidad de introducir en el sistema español la cadena perpetua o alguna medida similar, altas penas revisables, sabedor del eco que tienen entre el gran público sucesos como el caso Bretón y otros semejantes. Los partidarios de esas medidas acostumbran a sostener que en países como Alemania figura la condena a perpetuidad, de por vida. Bueno será recordar, una vez más, que el Tribunal Constitucional alemán ha obligado a revisar la cadena perpetua cada 15 años. Y la fecha límite no es casual, porque ese alto tribunal y la doctrina criminalista estiman que, después de quince años, se producen en el físico y en la psique del reo “daños irreversibles en su personalidad” y su “destrucción como ser social”. Tal y como, hace ya mucho tiempo, lo denunciara con brillantez el penalista Enrique Gimbernat ante la reforma del Código de 1995 por su incremento de los castigos de larga duración.

Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Digámoslo con claridad: la destrucción del autor de crímenes horrendos. Pero en España no solamente está prohibida constitucionalmente la pena de muerte, sino también las penas inhumanas (art. 15 de la Constitución). Y la cadena perpetua, por las razones expuestas, tiene ese inequívoco carácter inhumano. Además, en España un recluso, en determinados supuestos, puede cumplir íntegramente hasta ¡40 años! de privación de libertad. ¿No es esto, ya, suficiente y hasta demasiado?

Con esas propuestas de endurecimiento, Gallardón pretende dar gusto al Partido del Talión, al del ojo por ojo, tan presente siempre entre las filas conservadoras. Pero el Estado de Derecho no está para ejecutar venganzas, sino para hacer justicia, con el máximo respeto a los derechos humanos, inclusive los del delincuente. Hace ya muchos años, en 1762, Beccaria sostuvo que el Estado no puede ponerse nunca a la altura moral del asesino u homicida y reprimir la muerte con otra muerte legal. La grandeza del Estado de Derecho es, precisamente, ésa: la de no tratar jamás al delincuente como éste trató a sus víctimas. La represión siempre dentro de la legalidad y la proporcionalidad, lo que quiere decir, el caso es de hoy, que el autor del repugnante secuestro de Ortega Lara no ha de esperar que se le haga lo mismo que él hizo, sino que puede aguardar el mismo tratamiento que el Reglamento penitenciario reserva para todos los reclusos que sean enfermos terminales.

Pero el incremento de las penas que promueve Gallardón tiene, por otro lado, demasiado sonido a lo que los alemanes llaman Derecho penal simbólico. Es decir, aquellas reformas legales que nada van a resolver realmente, pero permiten pescar con éxito en los revueltos ríos electorales.

Se nos suele presentar a los garantistas como ingenuos, cuando no como enfermos de “buenismo”. Pero no somos sino profundamente realistas, porque, ¿se ha creído alguien que medidas como las propuestas por Gallardón van a parar los pies, a disuadir del crimen, a un psicópata desalmado con propósito firme de delinquir? Seamos serios: es bien sabido que la pena capital en EEUU nunca hizo disminuir allí los crímenes sangrientos.

LA JUSTICIA QUE COMPLACE A LA MONARQUÍA, ES UNA JUSTICIA CORRUPTA, MANIPULADORA, FALAZ Y SOMETEDORA DE LOS CIUDADANOS A LAS MAYORES VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS.

La sociedad democrática ha sido producida por nuestras necesidades y el gobierno por la maldad de los monárquicos; la primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo entre sí nuestros afectos; el otro crea las diferencias. La primera protege, el segundo castiga injustamente. La sociedad democrática, en la que no estamos, es una bendición; el gobierno monárquico, incluso en su mejor forma, no es más que un mal; en su forma peor es insoportable.

La justicia que complace a la monarquía es, en primer lugar, la del privilegio. La igualdad como principio, la desigualdad como sistema. El fuero como norma y la inmunidad como fin. Es lo que procura por encima de todo la impunidad del poder en medio de grandes protestas de seguridad y democracia. El derecho y los jueces son un instrumento de la política, y el llamado poder judicial una herramienta que el poder real, el fáctico, puede utilizar a su arbitrio al servicio de sus intereses privados. La razón jurídica del estado de derecho queda subordinada a la razón del poder fáctico. Las exigencias de justicia, a los criterios de oportunidad y conveniencia. Si los máximos de los crímenes de corrupción o terrorismo de estado forman o han formado parte de la clave de bóveda del sistema político, de tal forma que su incriminación puede hacer estallar la urdidumbre y la trama de los consensos que están en la base de este sistema monárquico: consenso político, consenso institucional y consenso jurisdiccional; que respondan todos menos los máximos responsables. El príncipe es inviolable. No responde ante nadie. El poder judicial no pasa de ser un subpoder. Juzga y hace ejecutar lo juzgado siempre que no invada la justicia de palacio o no toque el corazón del sistema corrupto.

Es el “príncipe” el que protege al derecho, no el derecho al “príncipe”. El rey hace los jueces y cuando cogobernaba con Franco, también a los obispos.

EN ESPAÑA NO HA HABIDO TRANSICIÓN A LA DEMOCRÁCIA PLENA, LA PRUEBA ES QUE EN LA JEFATURA DEL ESTADO TENEMOS A UN FRANQUISTA ANTIDEMÓCRATA QUE ADEMÁS, HA HECHO EL CARGO HEREDITARIO EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA.

Parece ser que nuestro presidente de gobierno en cooperación necesaria con la oposición y con el jefe del estado han hecho giras por alguno de los países que recientemente se han rebelado contra sus déspotas para exportarles nuestro modelo de transición. Algunos pensamos que ya está bien de sacar a pasear nuestro modelo de transición antidemocrática, que se ha convertido en un modelo de impunidad para los perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos. No sabe uno a qué se debe el orgullo de tantos monárquicos en este país, pues no son demócratas. España no ha querido cumplir ninguna de las obligaciones que impone el derecho internacional en los casos de crímenes de lesa humanidad como los cometidos masivamente por los “los traidores y rebeldes contra la democrática II REPÚBLICA”. La Ley de Amnistía y la llamada “Ley de la Memoria Histórica” se están utilizando en nuestro país como leyes de punto final, lo que está expresamente prohibido por las convenciones internacionales. A nuestros jueces y forenses les han sacado los colores en Latinoamérica cuando han ido a “explicar” en algunos países cómo tienen que pasar de una dictadura a una democracia desde la incómoda posición de ser España el segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de la Camboya del Pol Pot. ¿Qué va a explicar el Presidente en estos países que han tenido el coraje de rebelarse contra sus dictadores?, ¿cómo dejar todo “atado y bien atado” para que ningún dictador pague por sus crímenes? Desde luego, en materia de impunidad, España puede dar bastantes lecciones, desde cómo hacer leyes de punto final hasta cómo desactivar el principio de justicia universal, empezando por cómo hacer una ley supuestamente para colaborar con la Corte Penal Internacional que tenga un truco por el que en realidad la colaboración es una tomadura de pelo (artículo 7.2), hasta cómo modificar cuestiones esenciales “por la puerta de atrás”, y me refiero al serio recorte al principio de justicia universal que se había instaurado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se recortó drásticamente en 2010 con la modificación de ese principio desde una reforma ¡de la oficina judicial!

Pero todavía no acaban las lecciones en materia de impunidad, que puede extenderse también al ámbito fiscal. El Presidente, en nombre de J.C.Borbón y F.Borbón puede explicar también cómo hacer que las grandes empresas y los grandes fortunas no paguen prácticamente impuestos, y como botón, ahí está ExxonMobil Spain: 10.000 millones de beneficios en dos años con un solo trabajador y sin dejar un euro al fisco.

Y, por si fuera poco, también puede dar lecciones sobre cómo hacer y mantener una ley electoral que asegure que ningún partido que amenace el orden capitalista desde la izquierda tenga opciones de llegar al poder. ¡Verdaderamente hay que tener cara dura para ir a dar lecciones de democracia por ahí!, cuando en España carecemos de democracia plena. Tenemos una jefatura del Estado monárquica, arcaica, hereditaria, contraria a los principios de la democracia. ¿Qué entienden los del PPSOE por democracia?. Intencionadamente, tienen los conceptos equivocados con el fin de someter al pueblo a la ignorancia más supina, y, además, por la fuerza de las armas. No es estar en un país democrático participar en elecciones cada cuatro años, carecer de elecciones presidenciales y estar sometidos a una jefatura del Estado antidemocrática y fascista monárquica.

EL TERRORISMO FINANCIERO QUE PRACTICAN LOS CAPITALISTAS DEL NORTE, SOMETE AL SUR A LA MUERTE, LA MISERIA, EL HAMBRE Y LA INFAMIA. VIOLANDO SUS DERECHOS HUMANOS.

Mientras que nunca había habido en el Planeta tantos humanos pasando hambre (uno de cada siete, ¡más de 1.000 millones de personas!), Jean Ziegler, uno de los pocos suizos honorables, actualmente asesor de los programas de alimentación y de derechos humanos de la ONU, no se cansa de recordarnos que “el hambre no es una fatalidad, es un asesinato” que tiene unos beneficiarios claros, como el Deustche Bank, Goldman Sachs y otros carroñeros neoliberales. Incluso, los alimentos básicos están en manos de una economía de casino como si las necesidades de nutrición de enormes masas humanas fueran irrelevantes.

Entre los “detalles” que no aparecen en los medios de comunicación estándar y que permiten explicar el porqué de las cosas está la balanza fiscal negativa del Norte con el Sur. Quiero decir, la paradoja de que el Sur empobrecido mayoritario del Planeta sebvencione, cada vez más, la minoría rica del Norte. A pesar del muro de obstáculos desinformativos que erige el cártel del régimen neoliberal -desde el FMI al Banco Internacional de Pagos pasando por la Banca Mundial o el G20- para que los principales perjudicados, los cientos de millones de desposeídos en situación crítica en todo el mundo, no sepan nada, comienzan a acumularse pruebas serias de cómo se perpetúa este terrorismo económico que tiene como efectos colaterales permanentes el hambre y la emigración de capital social básico del Sur.

Una primera pregunta relevante es de cuánto estamos hablando. Según el Center for International Policy, un prestigioso think tank independiente con sede en Washington DC, los flujos de dinero ilícito que se van del Sur hacia el Norte tendría un volumen anual entre siete y ocho veces superior a toda la ayuda oficial al desarrollo. En 2008, el volumen de dinero negro que salía del Sur para engordar el Norte oscilaba entre los 860.000 millones y 2 billones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo fue en 2011 de apenas 133.500 miliones de dólares. Visto de otro modo, supone perder ingresos equivalentes a tres veces las remesas de dinero que los 215 millones de emigrantes en el Norte envían a casa, 380.000 millones de dólares el año pasado.

Para el caso de África, el continente más empobrecido y con más personas hambrientas, entre 1970 y 2010 el Norte le habría extraído entre 889.000 millones y 2 billones de dólares. Con esta suma fabulosa, los africanos no sólo habrían podido cancelar su deuda externa total (de unos 250.000 millones de dólares en 2008) sino que, en el cálculo más conservador, les habrían sobrado 600.000 millones de dólares para erradicar el hambre, reducir pobreza y buscar sistemas de vida ecológicamente sostenibles con bienestar social para todos. La tendencia, por si fuera poco, es el incremento de esta rapiña: los flujos ilícitos hacia el Norte pasaron de 57.000 millones de dólares la década de los 70 a los 437 mil millones entre el 2000 y 2008.

¿Es la ciudadanía corriente del Norte, sin embargo, la gran beneficiaria de ese dinero robados en el Sur? En ningún caso, basta ver qué pasa en lugares como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España. Con la excusa de la crisis, su ciudadanía se encuentra acosada con políticas de ajuste estructural neoliberal que hace pocos años sólo parecían reservados a Corea del Sur, México o la Argentina del corralito. La tendencia es que estos estados colapsen fiscalmente por la imposibilidad de poder devolver la deuda que les han endosado, como avisa para el caso griego la ong Tax Research, sostenida por las Trade Unions británicas.

Entonces, ¿quién se lleva los millones perdidos del Sur? Se acumulan las evidencias que quien hace caja son las grandes corporaciones transnacionales. Basta recordar que las 10 primeras a nivel mundial mueven más dinero que la India y Brasil juntos. Hace poco, desde Eurodad, una red independiente de vigilancia sobre la deuda y el desarrollo, se detallaban los múltiples trucos que utilizan las transnacionales para hacer ingeniería contable y evadir impuestos tanto en el Sur como en el Norte. Una de los más productivos es el maquillaje de los números a base de transferir artificialmente cantidades importantes a filiales localizadas en estados o regiones con fiscalidad baja o casi inexistente. En otro extremo, se pueden inventar facturas de compra-venta falsas para evitar pagar impuestos. Así, se calcula que entre el 45 y el 50% de las transacciones internacionales están hinchadas en más de un 10% para aumentar el provecho gracias al diferencial fiscal entre unas regiones y otras del Planeta, siendo África el área donde esta manipulación contable alcanza su cenit.

Este desnivel de recaudación afecta muy especialmente del hemisferio sur. La razón es que mientras los estados de la OCDE -el club de los más ricos- tienden a mantener un nivel de impuestos equivalente al 35% del PIB, en los estados menos desarrollados suele ser mucho más bajo. En África subsahariana, por ejemplo, apenas representa el 18%. Así, al recaudar muchos menos impuestos de media que el Norte, el Sur sufre mucho más acusadamente la evasión fiscal de las corporaciones. Obviamente, el coste en desarrollo humano y en capacidad de alimentación suficiente para toda la población de este robo es enorme.

El punto clave, en este contexto, es que las corporaciones no actúan, en realidad, de manera “pirata” sino que no hacen más que utilizar una “patente de corso” otorgada por el régimen neoliberal. Como corsarios, pueden sortear las haciendas públicas del Sur y del Norte domiciliando buena parte de sus flujos financieros en un archipiélago de paraísos fiscales que tiene en la ciudad de Londres y en Wall Street sus zulos más letales. Así, el 21% de las filiales de las 50 primeras transnacionales europeas están domiciliadas en paraísos fiscales. De las 100 primeras compañías en la Bolsa de Londres, 98 tienen sociedades localizadas en el archipiélago corsario. Christian Chavagneux, redactor en jefe de la revista Économie Politique, avisa que la crisis financiera global ha exacerbado esta deriva parasitaria de las corporaciones hacia los paraísos fiscales.

Mientras los EEUU han visto reducir notablemente su atractivo como destinatario del ahorro mundial, estados canallas como Luxemburgo acaparan activos financieros equivalentes a 2.285 veces la riqueza nacional. Por tanto, si realmente queremos ayudar a eliminar rápidamente el hambre en el mundo y hacer que haya justicia social entre el Norte y el Sur, se impone poner en primer lugar de la agenda social y política el fin de los paraísos fiscales. Con el fin de abolir los “derechos” neoliberales de corsarismo en favor de corporaciones como UBS, Repsol o Sol Meliá, la prioridad es eliminar el secretismo, exigir la transparencia financiera de las corporaciones, haciendo que todo el mundo sepa qué declaran en todos los países en los que operan directamente y a través de sus filiales. Entre las buenas noticias de los últimos tiempos, sin duda está la vertebración de una cada vez más visible y poderosa COALICION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES a favor de eliminar los paraísos fiscales para ayudar a las poblaciones humanas más vulnerables. En un contexto mundial tan potencialmente apocalíptico, establecer este tipo de conexiones y coaliciones es la mejor semilla para la esperanza.

LA MONARQUÍA CAPITALISTA Y ABERRANTE SOLO LE IMPORTA EL BENEFICIO DE LOS CAPITALISTAS TITULARES DE LAS FARMACÉUTICAS, EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS. ESTÁN DESMONTANDO EL SISTEMA PÚBLICO DE LA SALUD, SIN IMPORTARLES QUE MUERAN MUCHOS CIUDADANOS POR DESATENCIÓN SANITARIA.

La dimensión económica de la asistencia sanitaria no debería hacer olvidar su dimensión política, ni el esforzado proceso de construcción histórica de los sistemas públicos de salud y su significación para el progreso social y el avance de los derechos civiles. Hoy es un hecho universalmente aceptado que los indicadores de salud de una población constituyen un factor fundamental para medir el bienestar social, de una manera más analítica y refinada que otros indicadores económicos como la renta per cápita o el PIB, los niveles de consumo y otros. Los índices de salud miden con mayor finura y precisión el nivel de desarrollo humano de una sociedad y ponen de relieve las desigualdades. La primera crisis del modelo sanitario del estado de bienestar ya planteó en los años 1980, tras la llamada crisis del Petróleo, la expansión de políticas neoliberales privatizadoras en busca de grandes bolsas de negocio en la gestión de los servicios de salud. La actual crisis está siendo utilizada de nuevo como coartada para imponer una mirada reduccionista, puramente ligada a la gestión financiera, del sistema público de salud. En este asunto no deberíamos consentir que también el mercado se imponga a la política. La eficiencia y la buena gestión de lo público no exige privatizaciones, co-pagos, ni restricción de servicios o exclusión de grupos marginales, que acentúan las desigualdades y, por consiguiente deterioran los índices de salud de la población. Obviamente, este es el escenario ideal para el desembarco de compañías españolas o internacionales de seguros que se proponen obtener beneficios del desmembramiento del sistema público. A pesar de las engañosas estrategias de marketing, los datos de la OCDE y los estudios epidemiológicos y sociológicos serios demuestran que el sistema sanitario público español es comparativamente barato y eficiente, y con toda seguridad la mejora en la gestión acentuaría aún más esta virtud. No es incompatible la gestión pública con la eficiencia en el control del gasto farmacéutico, ni con la regulación del uso de las tecnologías, ni con una educación sanitaria del ciudadano menos medicalizadora y consumista, que sirva para contrarrestar la presión del mercado sobre el consumo sanitario.

Los especialistas en salud pública coinciden en señalar que las desigualdades son el principal factor generador de enfermedad y es incuestionable que la privatización de la sanidad, la restricción de servicios y la exclusión de grupos de población implica un aumento de las desigualdades y un riesgo real para el deterioro de la salud. Que los responsables políticos valoren la sanidad en términos de gasto y deleguen un derecho fundamental como es el derecho a la salud a la dinámica del mercado es una verdadera catástrofe, es una renuncia política intolerable y una conducta inmoral e inhumana. El principal objetivo político frente a la crisis tendría que ser evitar el deterioro de la salud. Nuestros políticos neoliberales deberían aplicarse el viejo aforismo popular que decía que “con la salud no se juega”.

BANKIA SU PROTECTORA LA MONARQUÍA CORRUPTA Y SUS CRIMENES, DESAHUCIANDO, DESAMPARANDO, HUMILLANDO Y DEJANDO EN LA MISERIA A LA MAYORÍA DE LA CIUDADANÍA.

Dice el presidente de Bankia, Goirigolzarri, que no hay que pedir responsabilidades por el agujero de 24.000 millones de euros que nos dejaron sus anteriores dirigentes: 4.465 millones cubiertos con  dinero público en el verano pasado y 19.000 millones de los que nada sabíamos hasta ayer mismo, cuando saltó el escándalo, se hundieron las acciones de la entidad y el Estado tuvo que intervenir para evitar la ruina de centenares de miles de ahorradores. No hay duda de que nos engañaron, no a los mercados internacionales, pero si a los pardillos de aquí dentro, a los que engañaron diciendo que nuestro sistema financiero era el mejor del mundo.

Tras lo ocurrido con Bankia, 2.979 millones de pérdidas en 2011, y no unos supuestos beneficios de 300 millones, es lógico que los inversores y las agencias de -rating- desconfíen de la situación real del resto de nuestros bancos y cajas de ahorros. No hay razón alguna para pensar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el gobernador del Banco de España sólo hayan hecho la vista gorda con la emblemática Caja Madrid.

Quizá el nuevo presidente de Bankia haya querido decir que el pasado interesa menos que el futuro, pero el borrón y cuenta nueva en la gestión no excluye las responsabilidades personales y aquí las hay políticas e incluso penales. Lo ocurrido es tan grave para el patrimonio de quienes confiaron en la entidad y para el crédito de nuestro sistema financiero que resulta absolutamente necesario examinar los hechos bajo la lupa del Código Penal. En caso de no constituir delito, habrá que lamentarlo y tipificar pronto esas conductas bastante más reprobables que la práctica del “top manta”, por ejemplo.

El artículo 290 del Código Penal castiga como autor de un delito societario a “los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero”. Pues bien, en este caso se reflejó documentalmente una situación económica falsa en perjuicio de terceras personas. La posterior intervención del Estado como salvador no afectaría a la comisión de un delito ya consumado. Las infracciones criminales tienen autores, pero pueden también cooperadores necesarios y cómplices. Y hoy, según el artículo 31 bis del Código Penal, las propias -personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho-.

La gran alarma social está más que justificada. No cabe pasar página mientras haya el más mínimo vestigio o indicio de que alguien es personalmente responsable de este escándalo con enormes repercusiones a nivel internacional y en el peor momento imaginable. Cuando nuestra prima de riesgo se dispara y cuando nos aproximamos peligrosamente al rescate y a la intervención desde Bruselas. Todo esto se le debemos a la monarquía capitalista y corrupta a la que nos tienen sometidos por la fuerza de las armas.

ESTA MONARQUÍA ANTIDEMOCRÁTICA CAPITALISTA, LUCHA POR MANTENER A LOS RICOS HACIENDO CADA DÍA MÁS NUMERO DE POBRES Y MÁS POBRES, EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS. PERO HAY VOCES QUE CON MUCHA ÉTICA Y MORAL DICEN, EN LOS FOROS INTERNACIONALES LO QUE LOS PUEBLOS NECESITAN: RESPETAR SU DIGNIDAD Y EL DERECHO A LA IGUALDAD ECONÓMICA.

DAKAR, Senegal, 7 de febrero.— El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a los países ricos de ser insensibles al hambre "de los pobres del mundo", al hablar ante los participantes del XI Foro Social Mundial, que se realizó en esa capital.

Lula intervino en el debate sobre Las Crisis del Sistema Capitalista y de las Civilizaciones, donde señaló que la crisis no ha sido creada por los países pobres y emergentes, sino por "la anarquía de los mercados y la irresponsabilidad de gobernantes capitalistas que no han sabido  ni han querido regularlos", y criticó al FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

"Aquellos que con arrogancia nos daban lecciones sobre como gestionar nuestras economías, no han querido evitar la crisis en sus países y en el conjunto de la humanidad, porque así obtienen más beneficios", al discurrir que las naciones antes consideradas como "periféricas" y "problemáticas" hoy "son parte esencial de la solución de la crisis económica, que pasa por abandonar el capitalismo".

Se elogiaron los debates realizados en el marco del Foro Social Mundial, cuya primera edición se realizó en el 2001 en la sureña ciudad brasileña de Porto Alegre, por iniciativa del Partido de los Trabajadores.

"Estas reuniones son nuestra cita con las ideologías que decían que estaban perdidas. En el Foro nos reunimos para decir que otro mundo es posible y necesario. Este es un sueño que no abandonaremos jamás".

LOS PILARES QUE SIRVEN DE SOPORTE A LA MONARQUÍA CORRUPTA EN ESPAÑA E IMPIDEN EL ADVENIMIENTO DE LA III REPÚBLICA.

El suyo es un poder que se mide en términos económicos, sí, pero también en términos de tiempo de trabajo y horas de vida de cada uno de nosotros puesto a su servicio.

Las cinco principales entidades bancarias de nuestro país gestionan recursos por valor de 1 billón 261.000 millones de euros de los que más de la mitad de ellos los gestiona solo Botín. Es decir, alrededor de 210 billones de pesetas. O lo que es lo mismo, el doble del PIB español. Un volumen de recursos que no es propiedad suya, pero cuya gestión les otorga el inmenso poder que poseen sobre la vida, y no sólo económica, española. No en vano, la oligarquía bancaria constituye el corazón de la burguesía monopolista española. Bajo su completa hegemonía se articulan, ordenan y jerarquizan el resto de clanes y familias oligárquicas monárquicas o los grandes magnates de la industria y el comercio.

La hiperconcentración del capital bancario vivida en nuestro país durante la década de los 90 ha dado como resultado que dos supercorporaciones, SCH y BBVA, hegemonicen en exclusividad el control sobre el capital financiero español. Juntos suman unos beneficios anuales de un billón de pesetas (5.965 millones de euros). Su poder se extiende al conjunto de la estructura económica del país. Ellos son los que tienen capacidad para conceder, o buscar en los mercados financieros internacionales, los gigantescos empréstitos que necesitan los monopolios para invertir en sus industrias, renegociando sus deudas, avalándolos o buscando inversores para su capitalización. Prestan no sólo a las empresas o a los particulares, también a los Estados para financiar su déficit. A través de organismos e instituciones como el Banco Mundial, el FMI o las reuniones de Davos son el principal vehículo de conexión de la oligarquía española monárquica con los grandes poderes financieros internacionales.

Cualquier reestructuración profunda o reajuste importante en el seno de la clase dominante pasa necesariamente por sus manos; contando con su visto bueno o corriendo el riesgo de enfrentarse a ellos. BBVA y SCH, de manera especialmente intensa este último, han tomado la opción de abandonar progresivamente sus participaciones industriales, no dudando en venderlas al capital extranjero a fin de obtener liquidez para comprar bancos europeos, camino iniciado por Botín con la compra del Abbey británico y en la que parece que están decididos a centrar todos sus esfuerzos.

Sin embargo, tampoco los dos gigantes están al mismo nivel. El BBVA de Francisco González constituye hoy el “eslabón débil” de la cadena del poder financiero y de clase en España, lo que se puso abiertamente de manifiesto con el intento de Sacyr por hacerse con el control del banco, algo que resulta verdaderamente impensable que le ocurra a Botín. Y no porque uno tenga un mayor control accionarial que el otro sobre el banco (ambos son accionistas muy minoritarios, en ese terreno prácticamente irrelevantes). Sino porque, a diferencia de González en el BBVA, Botín sí posee unos sólidos y probados mecanismos de dominio sobre la institución y una eficaz cadena de mando que le asegura su control. Además de disponer de estrechos vínculos de sintonía con el poder político, algo de lo que carece F. González tras la derrota del PP en Andalucía. Una combinación de circunstancias que dejan en el aire la incógnita de si todos los frenéticos movimientos económicos y financieros de los últimos meses no están preparando, de algún modo, las condiciones para un nuevo cambio en la jefatura del banco vasco.

Sólo un tercer grupo, La Caixa, está en condiciones, si no de igualar a los “dos grandes”, sí al menos de acercárseles. Compensando su todavía abrumadora inferioridad en recursos y beneficios con una extensa red de participaciones industriales que le permiten tener el control accionarial, o ser accionistas de referencia, en algunos de los más importantes monopolios españoles. Con la OPA de Gas Natural sobre Endesa, el grupo financiero de La Caixa tendría en sus manos uno de los más importantes holdings energéticos mundiales, dedicado al petróleo (Repsol-YPF), la electricidad (Endesa) y el gas (Gas Natural).

Si estos “tres grandes” son el corazón del poder financiero, la otra cara de la moneda lo constituimos el resto de españoles. El suyo es un poder que se mide en términos económicos, sí, pero también en términos de tiempo de trabajo y horas de vida de cada uno de nosotros puesto a su servicio. En conjunto, los españoles adeudamos a bancos y cajas más de medio billón de euros (casi 100 billones de pesetas). Y esto sólo en concepto de préstamos hipotecarios. Es decir, aquí no están incluidos ni créditos personales ni empresariales, sólo lo que el conjunto de las familias españolas adeudamos a los bancos por poder tener un techo bajo el que vivir. Una deuda, además, que aumenta a un ritmo galopante, con un crecimiento anual de más del 24,7%. Y que, en el breve período de unos pocos años, ha transformado todo el ahorro del que disponían las familias en deuda bancaria, lo que, dicho en otros términos, quiere decir que el dinero ha pasado de nuestros bolsillos a los suyos. Según el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro los españoles debemos a las entidades financieras 193.000 millones de euros más de lo que tenemos depositados en las cuentas bancarias. Una liquidación del ahorro familiar y un exceso de deuda que se ha cuadruplicado en los 3 últimos años.

MAÑANA ESPAÑA SERÁ REPUBLICANA. SE CONMEMORA EL ANIVERSARIO DE LA II REPÚBLICA, EN LA QUE EL PUEBLO DISFRUTABA DE DEMOCRACIA PLENA Y EJERCÍA EL DERECHO DE ELEGIR AL JEFE/A DEL ESTADO, LO QUE EN EL RÉGIMEN MONÁRQUICO ACTUAL IMPUESTO POR LA FUERZA DE LAS ARMAS, NO PUEDE DISFRUTAR EL PUEBLO.

Esta sociedad monárquica, capitalista y aberrante a la que nos tienen sometidos por la fuerza de las armas los partidos políticos monárquico-franquistas, nos enseñan a los ciudadanos por la fuerza de los hechos, lo que en psicología se denomina "indefensión aprendida" que, necesariamente conduce a un sentimiento generalizado en la ciudadanía, en el pueblo de "abandono a la injusticia". Sometidos, pues, a una constante injusticia, tanto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuyos máximos representantes son los Borbones, que tienen usurpado al pueblo el derecho democrático de elegir al jefe/a del Estado y están mantenidos en el cargo por los gobiernos monárquicos de turno en contra de los principios de la democracia, y los utilizan como escudos para que el pueblo aprenda a estar en constante indefensión ante los capitalistas que mueven los hilos de los mercados y hacen que, los gobiernos de turno promulguen un ordenamiento jurídico que somete al pueblo a la inseguridad, la incertidumbre y duda a corto y largo plazo. Fomentando así ese sentimiento de abandono a la injusticia. Pues, las movilizaciones de los ciudadanos para manifestar su descontento y reclamar justicia social, evitando se promulguen leyes que derogan las anteriores que reconocían derechos del pueblo trabajador, conseguidos durante muchos años de lucha. Esas manifestaciones son ahora brutalmente reprimidas por los políticos monárquico-franquistas y nazis que mandan cargar a la policía contra los manifestantes del pueblo con toda contundencia y brutalidad, hasta incluso matarlos, violando flagrantemente los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales, como son los derechos de manifestación pacífica y de reunión.

Estas actuaciones de la monarquía franquista y nazi, hace que el pueblo aprenda a estar inseguro, en constante indefensión, generando en él un sentimiento generalizado de abandono a la injusticia.

Por ello, es necesario remover de la jefatura del Estado a la monarquía corrupta y malversadora, que tiene como máximo representante a un asesino; e instaurar la III REPÚBLICA, para que el pueblo pueda disfrutar de democracia plena y de todos los derechos y libertades recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los que ahora estamos privados los ciudadanos por los gobiernos monárquicos de turno que nos tienen sometidos a esa situación humillante e indignante así como infamante por la fuerza de las armas monárquico franquistas. ¡VIVA LA REPÚBLICA! 

EN ESTA ÉPOCA DE RECESIÓN ECONÓMICA ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL DE CARACTER SOCIAL.

La Red de Renta Básica cumplió en febrero once años de andadura. Sus planteamientos están calando en la sociedad y, al contrario de lo que pudiera pensarse en este momento ante la falta de disponibilidad económica entre las administraciones, es «más necesaria que nunca». Daniel Raventós cree que nuevas organizaciones como Bildu o el 15-M generarán debate en torno a esta iniciativa.

Daniel Raventós (Barcelona, 1958) preside la Red Renta Básica, integrada en la Basic Income Earth Network (BIEN). Doctor en Economía y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ha pasado por Bilbao para, entre otras cosas, presentar en Euskal Herria el libro «La renta básica en la era de las grandes desigualdades», de la editorial Montesinos, elaborado junto con David Casasas y con la colaboración de otros autores y defensores, como el que suscribe, de la renta básica.

La Red de Renta Básica cumplió once años en febrero, ¿qué ha pretendido con el nuevo libro?

Como asociación cumplimos once años. El nuevo libro es una puesta a punto de la renta básica en la actualidad, teniendo en cuenta que la situación económica y social ha cambiado desde hace casi cuatro años.

Hablamos de la era de las grandes desigualdades, porque justamente la crisis ha acrecentado más las desigualdades entre una minoría ultra-rica y la inmensa mayoría de la población empobrecida. Tocamos la crisis y hablamos del incremento de la incidencia de las enfermedades mentales. Organismos internacionales ponen en evidencia ese aumento debido a la depresión. Hay más suicidios, Grecia es un ejemplo.

¿En un escenario de crisis es posible poner en marcha la renta básica universal, cuando en la época de bonanza no se quiso hacer nada desde las administraciones?

Es verdad. Políticamente, para los aires que corren, la renta básica es más difícil de poner en práctica, pero es precisamente más necesaria. La situación económica y, por tanto, social que está provocando la crisis está llevando a muchísima gente a la pobreza y a la miseria.

Mucha gente no pensaba hace dos o tres años que iba a sufrir el paro o la pobreza, pero ahora son sujetos o clientes, si se quiere, de Cáritas, por decirlo de alguna forma. Es ir más contra la corriente, en lo político, pero desde el punto de vista social es más necesario. Otra cosa es que las medidas que se están adoptando en materia económica nos están hundiendo más. En el libro, el mexicano Pablo Yanes, entre otros, una de las cosas que escribimos es que la renta básica generaría un incremento de la demanda y sería una medida no procíclica, mejoraría la actividad económica, sin duda.

¿La propuesta de renta básica universal tiene un apoyo creciente en estos once años?

Si nos retrotraemos a 2001 no podemos hablar de una línea ascendente. En los 4 o 5 años iniciales había más movimiento. En 2003 o 2004 se discutió en el Parlament de Catalunya. Ya dijimos entonces que no nos podíamos animar demasiado, porque sabemos lo que ocurre con las modas.

El PSOE en la oposición veía con simpatía la propuesta, pero llegó al Gobierno, y se olvidó. Creo que el apoyo a esta iniciativa ha sufrido unos dientes de sierra, pero es algo natural. No obstante, creo que es necesaria, más en esta época de crisis.

En el Congreso español se creó una subcomisión, pero no hizo nada…

Es así. Se aprobó por unanimidad. Digo unanimidad, porque la derecha vasca, catalana y española sabían que salía por mayoría del resto. La apoyaron para que en la fase de discusión, según decían, pudieran desmontarla y trasladar la idea de irracionalidad de la misma. Estalló la crisis y nadie puso en marcha esa subcomisión que se creó hace tres o cuatro años.

¿Generó expectación?

Sí, fue una lástima. En ese tipo de encuentros se pueden pedir datos, estudios y podríamos haber obtenido muestras representativas de las declaraciones de IRPF para poder estudiar la extensión de la renta básica. En Catalunya lo hicimos, tras analizar 200.000 declaraciones de la renta.

¿Se demostró que era factible esa medida?

Así es. Al principio nos quedamos extrañados. Hicimos un estudio a fondo hace 6 ó 7 años en el que se concluía que se podía financiar una renta básica de 7.400 euros anuales para los adultos y 4.700 euros anuales para los menores de 18 años. Esa cantidad era similar entonces al salario mínimo interprofesional (SMI) en 12 pagas, no en 14. Los recursos se conseguían mediante la reforma del IRPF y las asignaciones monetarias desaparecían, no las de Seguridad Social y de la Enseñanza pública, por ejemplo. Colocamos el tipo marginal del IRPF en el 49%.

No era descabellado. En Estados Unidos hace más de 30 años los más ricos pagaban hasta el 85% en impuestos. Si actualmente alguien lo propone en la UE casi va a la cárcel. Estados Unidos nunca había conocido una etapa de tanta prosperidad. Las desigualdades no eran tan bestias como en este momento.

¿Qué hace falta para conseguir poner en marcha la renta básica universal?

Dos cosas, que organizaciones nuevas como Bildu y movimientos como el 15-M, que ha tenido su importancia para remover alguna conciencia, se interesen y apoyen su puesta en marcha. En el último simposio de la renta básica que celebramos en Barcelona en noviembre pasado participó el diputado foral de Bildu de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, y también representantes del 15-M. Estuvieron en el debate. No tenemos todos la misma concepción de renta básica, pero sí muy parecida.

¿A qué se refiere?

La idea esta de garantizar la existencia material a toda la ciudadanía, dada la situación social actual, al menos entre personas con sensibilidad social, va calando, lo mismo que la idea de que uno no puede ser libre si no tiene la existencia material garantizada. Por eso mismo, un pobre no puede ser libre. Esta concepción va calando y creo que seguirá tomando fuerza, más en esta crisis.

¿Si hubiera estado en marcha, el efecto de la crisis en la población hubiera sido menor?

Por supuesto, como mínimo hubiera sido, al menos, para los sectores más vulnerables un auténtico colchón, porque tendrían la existencia material garantizada. No eludo las críticas que genera una renta universal a cada persona por el hecho de serlo. Por ejemplo, en mi Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona muchos de mis colegas dicen de la renta básica que serviría para mantener a parásitos. O que la gente no trabajaría asalariadamente, cuando estudios empíricos existentes invitan a utilizar esas medidas por lo contrario.

Otra crítica, que se utilizó mucho, es ¿cómo se le va a entregar la misma cantidad al hijo del presidente del BBVA, por ejemplo, que al de un obrero o un parado? ¿Qué opina?

La confusión está en pensar que todo el mundo recibe la renta básica sin tocar nada. El presidente del BBVA, o su hijo, debería pagar muchísimo más en materia de impuestos. Claro. Se puede resumir en que la renta básica la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Los pobres ganan, los ricos pierden. En realidad, la renta básica financiada con una reforma del IRPF, entre otras cosas, sería una gran redistribución de la renta. Por supuesto, los ricos seguirían siendo ricos, a falta de otras medidas, pero la desproporciones de renta entre la población serían diferentes.

En Alaska existe algo parecido a la renta básica ¿verdad?

En Alaska cuentan con una renta básica desde hace 30 años, financiada de una manera especial con el petróleo y otras medidas. Desde mi punto de vista, la iniciativa de Alaska no es exactamente igual a lo que proponemos, pero sí ha conseguido que la distribución de la renta de Alaska haya sido muy diferente a los restantes 49 estados de la unión, de Estados Unidos.

Los resultados son tan positivos que nadie se atreve a pedir que la renta básica se suprima. Un profesor universitario de Alaska me decía que si alguien dice lo contrario, tendría que salir huyendo por el estrecho de Bering. En México DF pasa algo parecido con una pensión básica para los mayores de 68 años. La derecha se opuso hace ocho años, pero los resultados han sido tan positivos que ya nadie se atreve a retirarla. Sin duda, la renta básica permitiría un poder de negociación en distintos órdenes de la vida.

¿Qué reto se marca para estos próximos años?

Seguir intentando que la renta básica sea una medida conocida por buena parte de la población. Es más conocida que hace ocho o nueve años, pero la mayoría no la conoce o la confunde con una renta para pobres. Insisto en que organizaciones políticas como Bildu o el movimiento 15-M las vayan asumiendo elevará su importancia. En Europa se va a impulsar una iniciativa legislativa popular. Bueno, allí se llama de otra manera, pero va a generar expectación y va a traer el debate a primer plano.

Usted pide impulsarla ante la crisis, pero los gobiernos se empeñan en recortar las iniciativas de apoyo social, ¿qué le parece?

Cada vez estoy más convencido de que acabaremos ganando. Evidentemente habrá muchas desgracias por el medio, lo que algunos economistas dicen, no precisamente radicales y no los mejores, como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, es que se necesita no reducir el déficit, sino generar un déficit como nunca y durante muchos años, justamente lo contrario de lo que se está haciendo. Las medidas que se están proponiendo son un desastre y, al margen del debate de la renta básica, nos llevan a una profundización de la crisis.

¿Hay luz al final del túnel en esta materia?

Sí, a corto plazo no creo, pero sí a medio plazo. Porque iremos ganando en la transmisión del discurso de la renta básica. No dejo de pensar en que algún día sea una parte fundamental. Porque, en realidad, es una alternativa para la inmensa mayoría de la población pobre. No me refiero a pobre con la definición de la UE, que lo define como el que tiene menos del 50% de la renta per cápita, sino que me refiero en el sentido republicano clásico a aquel que no tiene la existencia material garantizada, es decir, la inmensa mayoría de la población, que depende de otros para vivir. Que tiene que pedir permiso para vivir.

¿Es optimista?

Optimista racional, porque tenemos que ir avanzando para conseguir esa meta.