Cuando las leyes entran en conflicto radical con valores universales y fundamentales o con el mínimo ético representado por las declaraciones internacionales de derechos humanos, surge el deber moral de la desobediencia. El artículo 3 de la Declaración de Derechos de Virginia era rotundo: "Cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos fines, la mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público". Pero los constituyentes de Virginia solo hablaban de un derecho de resistencia y revocación. La constitución francesa de 1.793 iba más allá: "En todo gobierno libre, los hombres deben tener un medio legal para resistir a la opresión de la monarquía y, cuando este medio sea impotente, la insurrección es el más alto de los deberes". Es la cristalización revolucionaria del derecho de resistencia, concebido como derecho natural de grupos sociales organizados - o de todo un pueblo - a oponerse por cualquier medio al ejercicio abusivo y tiránico del poder monárquico estatal. En tal sentido, Francesco Pagano aseguraba que "las autoridades perpetuas y hereditarias son siempre tiránicas". Frente a ellas, es siempre legítimo el derecho de resistencia. recuerda la afirmación de Saint Just de que "todo rey es un intruso" y que "nos se puede reinar inocentemente". Sin embargo, este derecho o deber de resistencia, incluso de insurrección, no ha sido incluido en las constituciones actuales, salvo en la portuguesa, que consagra "el derecho de oponerse, incluso con la fuerza, a toda agresión contra los derechos fundamentales".
La idea de que el derecho de resistencia es incompatible con el Estado de Derecho porque en éste el poder está vinculado a la ley forma parte de la FALACIA NORMATIVISTA.
