LA TIRANÍA DEL CAPITALISMO CAMPEA A SUS ANCHAS CON LA ANUENCIA DE LOS GOBIERNOS QUE ENARBOLAN LA BANDERA DEL CAPITALISMO, CON LO QUE CONSIGUEN SOMETER A LA MISERIA A MILLONES DE CIUDADANOS DIARIAMENTE PARA HACER MÁS RICOS A LOS RICOS, TODOS ELLOS ESPECULADORES.

EN APOYO DEL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD ECONÓMICA Y EN CONTRA DEL CAPITALISMO ABERRANTE.  SUSCRIBO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

NO VAMOS CONSENTIRLO
BASTA YA DE POLÍTICAS IMPUESTAS A LOS PUEBLOS
NI UN RECORTE MÁS DE DERECHOS
ALTO A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA
POR UNA DEMOCRACIA REAL YA
… PORQUE NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS,  ESPECULADORES Y CORRUPTOS.

Los llamados “mercados”, que no son otra cosa que los grandes poderes financieros, las empresas multinacionales como Telefónica, que despiden a miles de trabajadores cuando ganan miles de millones de euros, o los bancos, que están en las esquinas de nuestras calles y juegan al casino con nuestro dinero, no dejan de atacar a los estados europeos y están a punto de hundir a nuevos países como Italia o España, después de haberlo hecho con Grecia, Irlanda o Portugal.

Ellos crearon la crisis, por culpa de ellos se endeudaron los estados y ahora aprovechan la coyuntura para imponer a los pueblos su propio rescate como si fuera el de las naciones a las que están a punto de arruinar.

Nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las edades y condiciones, jóvenes maduros, empleados o parados, de todas las corrientes ideológicas y simplemente amantes de la justicia y la democracia real y enemigos de la mentira y de la avaricia

DECLARAMOS:

- Que rechazamos las políticas que se vienen aplicando, que no significan sino recorte de derechos sociales en beneficio de la banca y las grandes empresas y que no tienen nada que ver con las necesarias para crear empleo y salir de la crisis.

- Que hay que poner fin a la especulación financiera contra los estados soberanos y que para ello reclamamos a las autoridades europeas y especialmente al Banco Central Europeo que impidan que se sigan produciendo, simplemente controlando urgentemente los movimientos de capital, dejando de prestar dinero gratis a la banca si no es con la firme garantía de que se utiliza para financiar a las economías y estableciendo inmediatamente un impuesto sobre esos movimientos financieros especulativos que los disuada para siempre. Hay que garantizar que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente crean empleo, creando una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorros.

- Que Europa no puede construirse ni tiene futuro si no es sobre la democracia real y que el sometimiento y la complicidad actual de los gobiernos ante los poderes financieros es indigno y suicida.

- Que no vamos a aceptar que se tomen en España más medidas de recorte de derechos y sociales y menos aún que se proceda a otro falso “rescate” como los que se han realizado en otros países y que solo han significado dar dinero del pueblo a la banca que ha creado la crisis. Y que vamos a exigir por todos los medios que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Y al firmar esta declaración manifestamos expresamente NUESTRO COMPROMISO PERSONAL EFECTIVO DE DEFENDER EN LA CALLE, EN LA RED Y DONDE HAGA FALTA las conquistas sociales que tanto ha costado alcanzar, de ejercer el legítimo derecho a la desobediencia civil cuando las medidas políticas se toman a las espaldas del pueblo sin dejar que éste se pronuncie, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los bancos y banqueros, que son los verdaderos culpables de la crisis, paguen el daño que han hecho a la sociedad.

LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN, EL ARIETE UTILIZADO POR LOS CAPITALISTAS ABERRANTES CONTRA LOS INTERESES DEL PUEBLO, SON UN PALO EN LA RUEDA DE LA BICICLETA PARA CONSEGUIR, SOBRE TODO, EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD ECONÓMICA, PARA EVITAR QUE EL CAPITALISMO DEPREDE EL PLANETA Y DESTRUYA LA HUMANIDAD. POR ESO, URGE LA CREACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO.

 

Cuando ya llevamos años instalados en una crisis financiera, generada por el capitalismo, cuyo primer contagiado ha sido la economía real, cuando se han destruido millones de empleos en toda Europa, cuando se ha sometido al chantaje y a presiones inauditas a diversos gobiernos, y cuando se ha visto que los capitalistas, principales responsables de esta crisis siguen disfrutando de sus privilegios, algunos gobiernos, instituciones y partidos comienzan a cuestionar el papel que en este proceso han jugado las agencias de calificación. Otros, ya hace tiempo que venimos denunciando que sus actos ni son inocuos ni carentes de responsabilidad en el ámbito del derecho penal.
Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch a lo largo de la crisis, que han sido usadas como arietes por los capitalistas contra los derechos humanos del pueblo, habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión, provocada, del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza –previo pago por su asesoramiento– diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo, la miseria y el desahucio.
El segundo momento es aquel que viene caracterizado, durante la crisis, con continuos ataques a la credibilidad y estabilidad de las economías más afectadas por la misma; todas y cada una de las acciones emprendidas por los gobiernos de Grecia, Portugal, España y otros han sido denostadas por esas agencias, generando una desconfianza aún más profunda en las economías nacionales, siempre con el consiguiente beneficio para empresas que son también clientes de las agencias o, incluso, accionistas de ellas.
En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, diversas entidades financieras son protagonistas de operaciones hipotecarias que bien podrían encuadrarse en el delito de estafa. Sin embargo, han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligue, al menos, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.
El problema real no lo quieren abordar los capitalistas como corresponde.
Ante las brutales pérdidas generadas a las arcas públicas de los países atacados por estas agencias, ante los millones de puestos de trabajo destruidos y los ingentes perjuicios generados a los ciudadanos, es evidente que los gobiernos que pretendan mantener su credibilidad en materia de prevención y represión de este tipo de comportamientos deben afrontar este problema con firmeza y valor.
Algunas organizaciones –como el Observatorio DESC, Izquierda Unida o Attac– han puesto estos graves hechos en conocimiento judicial, a través de una querella que lleva casi cinco meses paralizada en manos de la Fiscalía Anticorrupción; se trata de un esfuerzo cívico importante, valiente y coherente que pretende servir de acicate para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, y sobre todo DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO -A CREAR-, actúe sobre estas empresas y les reclame la responsabilidad que tienen en esta crisis y en las dificultades que existen para salir de ella.
Los límites de la actividad empresarial, CUYA ACTIVIDAD DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PUEBLO, NO DEL CAPITALISMO, son los que establece el Código Penal; y quien se los salte debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias y quien dirige los destinos de este país debe asumir, con responsabilidad y valentía, la imperiosa necesidad de acotar prácticas que han excedido el ámbito de lo mercantil y del respeto a los derechos humanos del pueblo, sobre todo el derecho de IGUALDAD ECONÓMICA. Pues, la actividad económica debe estar al servicio de los ciudadanos para conseguir que todos y cada uno tengamos cubiertas las necesidades, sin despilfarrar, que es lo que depreda al planeta y destruye la Humanidad.