EN SU DISCURSO DEL DÍA 24: LOS BORBONES IGNORAN AL PUEBLO, LO DESPRECIAN Y SON LOS MAYORES PARÁSITOS QUE VIVEN A COSTA DE CHUPAR LA SANGRE DEL PUEBLO.

 

LA INFAMIA A QUE EL BORBÓN NOS SOMETE CON SU DISCURSO, ES DE TAL CALIBRE QUE, NO ME QUEDA MÁS REMEDIO QUE CALIFICARLA DE CRIMINAL, POR SER ACUMULADA A OTRAS A LAS QUE NOS HA SOMETIDO. DIJO QUE ESTAMOS EN UN ESTADO DE DERECHO, EN SU DISCURSO. Y, EVIDENTEMENTE, AL HILO DE LO DICHO POR ÉL Y CONFORME A LO QUE EN DERECHO SE ENTIENDE, INTERNACIONALMENTE, POR ESTADO DE DERECHO; QUE ES QUE TODAS LAS INSTITUCIONES, INCLUIDA LAS JEFATURAS DE LOS ESTADOS, SE SOMETEN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY COMO CUALQUIER CIUDADANO. Y, COMO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL CONSTA, POR SER UN ORDENAMIENTO ILEGÍTIMO  POR NO DEMOCRÁTICO AL EXISTIR CARGOS PÚBLICOS  HEREDITARIOS, LA MONARQUÍA, ESTÁ DECLARADA, ILEGÍTIMAMENTE, INVIOLABLE. POR LO QUE, LO QUE DIJO EL BORBÓN, AL PRONUNCIAR LA PALABRA "TODOS DEBEMOS CUMPLIR LA LEY" IMPLICA QUE ÉL TAMBIÉN DEBE CUMPLIR LA LEY, Y EVIDENTEMENTE, NO LA CUMPLE, PUES, NO PAGA IMPUESTOS, NO TIENE CUENTAS TRANSPARENTES, MALVERSA, CAUDALES PÚBLICOS AL CARGAR  SUS GASTOS ENTRE VARIOS MINISTERIOS, INCLUIDOS LOS  DE DIVERTIMENTO Y CACERÍAS CON SUS AMIGOS LOS CAPITALISTAS  QUE SOMETEN AL PUEBLO A LA MISERIA; COMETE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICA Y TIENE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA OPACA QUE LA INVIERTE EN NEGOCIOS CRIMINALES. SE ENRIQUECE A COSTA DE COBRAR COMISIONES POR LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS  QUE SUMINISTRAN A NUESTRO PAÍS POR OTROS PAÍSES, VIOLANDO ASÍ EL CÓDIGO PENAL, POR LO QUE, SI FUESE CIERTO QUE TODOS DEBEMOS SOMETERNOS A LA LEY COMO ÉL DICE, ÉL SERÍA EL PRIMERO QUE TENDRÍA QUE SER PROCESADO POR LOS MUCHOS DELITOS QUE COMETE DE TODO TIPO, TODOS ELLOS TIPIFICADOS EN NUESTRO CÓDIGO PENAL. ¿POR QUÉ NO SE LE PROCESA POR EL CONGRESO POR DELITOS DE ALTA TRAICIÓN?. AL PRESIDENTE CHIRAC DE FRANCIA SIENDO JEFE DE ESTADO, LO HAN CONDENADO A LA PENA DE MÁS DE DOS AÑOS DE CARCEL, POR CORRUPTO. ES EVIDENTE QUE, LOS GOBIERNOS MONÁRQUICOS DE TURNO, CON EL FIN DE UTILIZARLO COMO PARAPETO PARA COMETER TODA CLASE DE CORRUPTELAS Y OTROS DELITOS, MANTIENEN AL BORBÓN EN LA JEFATURA DEL ESTADO, EN CONTRA DE LOS PRICIPIOS DE LA DEMOCRÁCIA. ¿CUÁNDO SE HA VISTO, EN DEMOCRACIA, QUE EL PRIMER CARGO POLÍTICO PÚBLICO SEA HEREDITARIO?. LOS BORBONES SON UNOS INDESEABLES, IMPRESENTABLES Y HUMILLAN Y SOMETEN AL PUEBLO A LA INFAME MISERIA.

EN DEMOCRACIA NO HAY CARGOS VITALICIOS, SIN EMBARGO, EL BORBÓN GANA SIN POSTULARSE LAS ELECCIONES DE: JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS; PRIMERA MAGISTRATURA DEL ESTADO; JEFE DEL ESTADO, Y, ADEMÁS HAN HECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS MONÁRQUICOS ESOS CARGOS HEREDITARIOS EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA, PUES, LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA, ENTRE OTROS, ES QUE TODOS LOS CARGOS POLÍTICOS PÚBLICOS SEAN ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE, SIN EXCEPCIÓN Y NO PUEDEN SER HEREDITARIOS. POR TANTO, EL PUEBLO ESPAÑOL NO PODEMOS DISFRUTAR DE DEMOCRACIA PLENA PORQUE LOS BORBONES PUESTOS EN EL PODER POR LA FUERZA DE LAS ARMAS APOYADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MONÁRQUICOS, TIENEN ILEGÍTIMAMENTE, USURPADO AL PUEBLO EL DERECHO DE ELEGIR AL JEFE/A DEL ESTADO.

Cuando las leyes entran en conflicto radical con valores universales y fundamentales o con el mínimo ético representado por las declaraciones internacionales de derechos humanos,  surge el deber moral de la desobediencia. El artículo 3 de la Declaración de Derechos de Virginia era rotundo: "Cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos fines, la mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público". Pero los constituyentes de Virginia solo hablaban de un derecho de resistencia y revocación. La constitución francesa de 1.793 iba más allá: "En todo gobierno libre, los hombres deben tener un medio legal para resistir a la opresión de la monarquía y, cuando este medio sea impotente, la insurrección es el más alto de los deberes". Es la cristalización revolucionaria del derecho de resistencia, concebido como derecho natural de grupos sociales organizados  - o de todo un pueblo -  a oponerse por cualquier medio al ejercicio abusivo y tiránico del poder monárquico estatal. En tal sentido, Francesco Pagano aseguraba que "las autoridades perpetuas y hereditarias son siempre tiránicas". Frente a ellas, es siempre legítimo el derecho de resistencia. recuerda la afirmación de Saint Just de que "todo rey es un intruso" y que "nos se puede reinar inocentemente". Sin embargo, este derecho o deber de resistencia, incluso de insurrección, no ha sido incluido en las constituciones actuales, salvo en la portuguesa, que consagra "el derecho de oponerse, incluso con la fuerza, a toda agresión  contra los derechos fundamentales".

La idea de que el derecho de resistencia es incompatible con el Estado de Derecho porque en éste el poder está vinculado a la ley forma parte de la FALACIA NORMATIVISTA.

LAS ENFERMEDADES MENTALES DE LOS BORBONES. EL ANSIA DE PODER.

Es necesaria la instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que, la presidencia del país se basa en el consentimiento de los ciudadanos.

Cada vez que el pueblo español se ha manifestado libremente ha votado por la REPÚBLICA. Por que el símbolo de los tres colores  -la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad- significan el arquetipo de la regeneración, del cambio y de la esperanza.

En todo caso es hoy impresentable que la legitimidad política pueda proceder de distinta fuente que la del democrático sufragio universal, en competitividad libre e igualitaria con otros candidatos a la presidencia del país. No puede caber duda alguna de que el sistema electivo tiene notoria legitimidad sobre cualquier sistema dinástico hereditario, por constitucional que éste sea.

¿Qué opinión le merece el hecho de que los Borbones en España vayan unidos siempre a contiendas fratricidas o hechos de fuerza?.

Un rasgo del perfil borbónico es el "derecho" a ser perjuros y a manipular la Historia. Así, al triunfo de la República en Madrid el rey solicitará el amparo del ejército y de la guardia civil, dispuesto a cualquier recurso con tal de mantenerse en el poder. Solo cuando evalúa que no cuenta con el apoyo del sable, mentirá, diciendo que abandona España para ahorrar sangre de matadero.

Huido de España, Alfonso XIII preparará la revancha para que se le reintegre, al precio que sea, un poder que considera patrimonial. Esta actitud nos deparará otro rasgo borbónico: el entusiasmo que despierta en el abuelo, el padre y el nieto la ideología totalitaria.

CON ESPERANZA Y SIN MIEDO, A POR LA III REPÚBLICA.

Si la desesperanza es inevitable, que la dignidad y la integridad de nuestra conciencia ciudadana impidan su degeneración en resignación y en cobardía. Hagamos nuestra al menos, aquella divisa del Quattrocento que recogió Spinoza y formó parte del juramento de los jueces ingleses: "Sin esperanza y sin miedo." Fieles aunque afligidos. Fieles a la verdad y la justicia, aunque afligidos por sus continuos desastres y fracasos. Sería ya una buena nueva para esta España nuestra en la que la desesperanza va siempre acompañada de un miedo casi ilimitado a casi todo. Miedo a la opresión, miedo a la libertad, miedo a la pobreza, miedo a la fortuna,  miedo al poder, miedo a la anarquía, miedo a la guerra y miedo a la paz de los vencedores. Y, sobre todo, miedo al miedo.

Cuando éste se supera o se sacude, comienza a tambalearse el poder y se hace posible la libertad. "No hay poder que no fomente miedo al pueblo; no hay libertad que no lo procure a los poderosos". Por eso, con libertad y pasión por la justicia, que es indisociable de la pasión por la igualdad que nos traerá la República.

Cada vez entiendo mejor la recapitulación autobiográfica de Bertrand Russel, uno de los pocos liberales verdaderos que en el mundo han sido, es decir, de los que han puesto siempre la libertad sobre la propiedad y la dignidad humana sobre la riqueza. "Tres pasiones simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y un insoportable dolor por el sufrimiento de la Humanidad." Amor. Verdad. Justicia. Son el mejor equipaje humano para el derecho propio de una democracia efectiva, que es intrínseca a la República.

Pero no hay que ponerse demasiado serios. Recientemente nos recordaba Dario Fo que los cómicos actúan contra la hipocresía, la violencia y el poder. Y, encima, haciendo reír. "Al poder, decía, no le gusta la risa."

No hay cosa mejor que reírse y distanciarse despectivamente del poder cuando olvida o desprecia la libertad, la igualdad y la justicia, es decir el derecho, del que no disfrutamos en esta monarquía impuesta por la fuerza de las armas del franquismo-monárquico. La risa la pone histérica. Si en vez de la verdad togada de la justicia buscase siempre la verdad desnuda, con sus atributos al aire, todos seríamos más felices. Nadie podrá candarnos la boca ante la impunidad ni exigirnos poner jeta de acelga ni comparar la seriedad del burro con la bragueta de un juez. Y si el poderoso se empeña en la púrpura y en la liturgia, debemos apostrofarlo con las siguientes palabras: ¡Llaneza, muchacho; no te encumbres que toda afectación es mala!. III REPÚBLICA ¡YA!. 

CÓMO HAN HECHO SU FORTUNA LOS ASESINOS J.C. BORBÓN, F. BORBÓN Y SUS FAMILIAS.

No solo asesinó J.C. Borbón a su hermano por orden de su padre y Franco, para que no tuviera contrincantes en la sucesión de Franco como jefe del Estado a título de rey. Una barbaridad jurídica que además se asienta sobre un asesinato. Conducta propia de J.C. Borbón, F. Borbón y sus familias. Lo que los partidos políticos monárquicos, tras privarnos de DEMOCRACIA, nos siguen imponiendo por la fuerza de las armas, cuya actuación en esos términos la iniciaron los Borbones y Franco, cuyas raíces están en el nazismo, el fascismo y el crimen que practican los monárquicos franquistas y sus gobiernos antidemocráticos.

LA TIRANÍA DEL CAPITALISMO CAMPEA A SUS ANCHAS CON LA ANUENCIA DE LOS GOBIERNOS QUE ENARBOLAN LA BANDERA DEL CAPITALISMO, CON LO QUE CONSIGUEN SOMETER A LA MISERIA A MILLONES DE CIUDADANOS DIARIAMENTE PARA HACER MÁS RICOS A LOS RICOS, TODOS ELLOS ESPECULADORES.

EN APOYO DEL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD ECONÓMICA Y EN CONTRA DEL CAPITALISMO ABERRANTE.  SUSCRIBO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

NO VAMOS CONSENTIRLO
BASTA YA DE POLÍTICAS IMPUESTAS A LOS PUEBLOS
NI UN RECORTE MÁS DE DERECHOS
ALTO A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA
POR UNA DEMOCRACIA REAL YA
… PORQUE NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS,  ESPECULADORES Y CORRUPTOS.

Los llamados “mercados”, que no son otra cosa que los grandes poderes financieros, las empresas multinacionales como Telefónica, que despiden a miles de trabajadores cuando ganan miles de millones de euros, o los bancos, que están en las esquinas de nuestras calles y juegan al casino con nuestro dinero, no dejan de atacar a los estados europeos y están a punto de hundir a nuevos países como Italia o España, después de haberlo hecho con Grecia, Irlanda o Portugal.

Ellos crearon la crisis, por culpa de ellos se endeudaron los estados y ahora aprovechan la coyuntura para imponer a los pueblos su propio rescate como si fuera el de las naciones a las que están a punto de arruinar.

Nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las edades y condiciones, jóvenes maduros, empleados o parados, de todas las corrientes ideológicas y simplemente amantes de la justicia y la democracia real y enemigos de la mentira y de la avaricia

DECLARAMOS:

- Que rechazamos las políticas que se vienen aplicando, que no significan sino recorte de derechos sociales en beneficio de la banca y las grandes empresas y que no tienen nada que ver con las necesarias para crear empleo y salir de la crisis.

- Que hay que poner fin a la especulación financiera contra los estados soberanos y que para ello reclamamos a las autoridades europeas y especialmente al Banco Central Europeo que impidan que se sigan produciendo, simplemente controlando urgentemente los movimientos de capital, dejando de prestar dinero gratis a la banca si no es con la firme garantía de que se utiliza para financiar a las economías y estableciendo inmediatamente un impuesto sobre esos movimientos financieros especulativos que los disuada para siempre. Hay que garantizar que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente crean empleo, creando una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorros.

- Que Europa no puede construirse ni tiene futuro si no es sobre la democracia real y que el sometimiento y la complicidad actual de los gobiernos ante los poderes financieros es indigno y suicida.

- Que no vamos a aceptar que se tomen en España más medidas de recorte de derechos y sociales y menos aún que se proceda a otro falso “rescate” como los que se han realizado en otros países y que solo han significado dar dinero del pueblo a la banca que ha creado la crisis. Y que vamos a exigir por todos los medios que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Y al firmar esta declaración manifestamos expresamente NUESTRO COMPROMISO PERSONAL EFECTIVO DE DEFENDER EN LA CALLE, EN LA RED Y DONDE HAGA FALTA las conquistas sociales que tanto ha costado alcanzar, de ejercer el legítimo derecho a la desobediencia civil cuando las medidas políticas se toman a las espaldas del pueblo sin dejar que éste se pronuncie, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los bancos y banqueros, que son los verdaderos culpables de la crisis, paguen el daño que han hecho a la sociedad.

LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN, EL ARIETE UTILIZADO POR LOS CAPITALISTAS ABERRANTES CONTRA LOS INTERESES DEL PUEBLO, SON UN PALO EN LA RUEDA DE LA BICICLETA PARA CONSEGUIR, SOBRE TODO, EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD ECONÓMICA, PARA EVITAR QUE EL CAPITALISMO DEPREDE EL PLANETA Y DESTRUYA LA HUMANIDAD. POR ESO, URGE LA CREACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO.

 

Cuando ya llevamos años instalados en una crisis financiera, generada por el capitalismo, cuyo primer contagiado ha sido la economía real, cuando se han destruido millones de empleos en toda Europa, cuando se ha sometido al chantaje y a presiones inauditas a diversos gobiernos, y cuando se ha visto que los capitalistas, principales responsables de esta crisis siguen disfrutando de sus privilegios, algunos gobiernos, instituciones y partidos comienzan a cuestionar el papel que en este proceso han jugado las agencias de calificación. Otros, ya hace tiempo que venimos denunciando que sus actos ni son inocuos ni carentes de responsabilidad en el ámbito del derecho penal.
Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch a lo largo de la crisis, que han sido usadas como arietes por los capitalistas contra los derechos humanos del pueblo, habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión, provocada, del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza –previo pago por su asesoramiento– diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo, la miseria y el desahucio.
El segundo momento es aquel que viene caracterizado, durante la crisis, con continuos ataques a la credibilidad y estabilidad de las economías más afectadas por la misma; todas y cada una de las acciones emprendidas por los gobiernos de Grecia, Portugal, España y otros han sido denostadas por esas agencias, generando una desconfianza aún más profunda en las economías nacionales, siempre con el consiguiente beneficio para empresas que son también clientes de las agencias o, incluso, accionistas de ellas.
En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, diversas entidades financieras son protagonistas de operaciones hipotecarias que bien podrían encuadrarse en el delito de estafa. Sin embargo, han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligue, al menos, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.
El problema real no lo quieren abordar los capitalistas como corresponde.
Ante las brutales pérdidas generadas a las arcas públicas de los países atacados por estas agencias, ante los millones de puestos de trabajo destruidos y los ingentes perjuicios generados a los ciudadanos, es evidente que los gobiernos que pretendan mantener su credibilidad en materia de prevención y represión de este tipo de comportamientos deben afrontar este problema con firmeza y valor.
Algunas organizaciones –como el Observatorio DESC, Izquierda Unida o Attac– han puesto estos graves hechos en conocimiento judicial, a través de una querella que lleva casi cinco meses paralizada en manos de la Fiscalía Anticorrupción; se trata de un esfuerzo cívico importante, valiente y coherente que pretende servir de acicate para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, y sobre todo DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO -A CREAR-, actúe sobre estas empresas y les reclame la responsabilidad que tienen en esta crisis y en las dificultades que existen para salir de ella.
Los límites de la actividad empresarial, CUYA ACTIVIDAD DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PUEBLO, NO DEL CAPITALISMO, son los que establece el Código Penal; y quien se los salte debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias y quien dirige los destinos de este país debe asumir, con responsabilidad y valentía, la imperiosa necesidad de acotar prácticas que han excedido el ámbito de lo mercantil y del respeto a los derechos humanos del pueblo, sobre todo el derecho de IGUALDAD ECONÓMICA. Pues, la actividad económica debe estar al servicio de los ciudadanos para conseguir que todos y cada uno tengamos cubiertas las necesidades, sin despilfarrar, que es lo que depreda al planeta y destruye la Humanidad.

EL PACTO DEL EURO, UN CRIMEN MÁS ORGANIZADO DEL CAPITALISMO ABERRANTE QUE DEPREDA AL PLANETA Y DESTRUYE A LA HUMANIDAD.

 

En otros tiempos y en otras sociedades menos complejas, cuando un poderoso monárquico quería explotarte te ponía unos grilletes, te daba unos azotes, te mantenía a base de pan y agua, violaba a tu mujer e hijas y encima te obligaba a llamarle señor. Por supuesto, también era costumbre que al explotado se le cruzasen los cables y le cortase la garganta al señor mientras dormía, o se aliase con los explotados de los alrededores para cortar varias gargantas de varios señores feudalistas. La insurrección era vista como algo lógico e inevitable, y la vergüenza recaía sobre el señor por no haberse sabido defender. La cosa estaba clara, las cartas no estaban marcadas y hasta el más tonto de la aldea hubiera podido señalar al explotador en una rueda de reconocimiento.

Hoy en día, los monárquicos capitalistas aberrantes han convertido la economía en algo tan complejo que las masas se ven incapaces de comprender de dónde les llueven los golpes que los arruinan. Han mutado los grilletes y el látigo en entelequias incomprensibles tales como el IBEX-35, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo. Han transformado la economía en una máscara detrás de la que robar y machacar al pueblo bajo un prudente velo de anonimato e impunidad. No se puede guillotinar a la monarquía instrumento de la CEOE, ni quemar sus propiedades, porque la CEOE sólo existe en el reino de las ideas.Otra entelequia sin garganta que cortar es el nuevo acuerdo a puerta cerrada parido por Merkel y Sarkozy: el Pacto del Euro. Se trata de la enésima reforma en contra de los trabajadores que se anuncia como inevitable para salir de “la crisis”, cuando lo que está en crisis es el capitalismo monárquico aberrante; en este caso, el objetivo declarado es aumentar la “competitividad” para contener el déficit en los estados de la Unión Europea y así evitar nuevos "rescates, «el acuerdo se basa en compromisos sobre moderación salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones sociales, flexiseguridad laboral para fomentar el empleo y coordinación de las políticas fiscales». A cualquier trabajador se le deberían poner los pelos de punta ante esta retórica anti-proletaria, monárquica y capitalista aberrante. 

 

¿QUÉ CLASE DE CONSTITUCIÓN ES LA DE 1978 QUE NO PERMITE JUZGAR A LOS CORRUPTOS BORBONES, EL MONARCA?. ¿A CASO SON UNOS EXTRAÑOS ENTRE NOSOTROS? LA OPINIÓN DEL PUEBLO ES QUE SÍ, POR ESO: III REPÚBLICA.

El sistema democrático es una forma de organización que una sociedad se da así misma, y en ese "se da así misma" reside la diferencia con otros sistemas políticos, como los oligárquicos, las tiranías o las monarquías, en las que el conjunto de la sociedad es marginado de cualquier nivel de participación, salvo, a veces, para asentir. Como todo sistema de poder, el sistema democrático supone gobierno de los ciudadanos y administración de las cosas. La coherencia exige, teóricamente, implicar a la sociedad en ambas funciones y también expansionar el sistema a todos los niveles. En los sistemas democráticos actuales, la economía permanece excluida de la democratización, y en algunos de ellos, como en el caso de España, a la democratización le ha sido sustraída la capacidad para decidir sobre la primera magistratura del Estado. Considero que, tomando como referente el sistema democrático, el régimen político instalado en España está, pues, mutilado, y que a partir de esa amputación, el sistema, por ese factor y otros inherentes al proceso que lo impulsó, sufre una gangrena. la mutilación ha supuesto, por ejemplo, extirpar del horizonte político del país la alternativa republicana. Cabe preguntarse ¿qué es un monarquía frente a un ciudadano que no lo ha elegido? Y también ¿qué clase de constitución es la de 1978 que no permite juzgar al corrupto monarca? ¿A caso ese soberano es un extraño entre nosotros?. A la vista de los hechos, es evidente que, no solo es un extraño entre nosotros, sino que, nos ha impuesto, como sucesor de Franco, por la fuerza de las armas esta economía de mercado capitalista aberrante que es quien dicta las normas a los gobiernos de turno que, ellos hacen leyes en este país, para someternos a la tiranía, no solo monárquica, sino, de los mercados, dando lugar a los millones de desahucios, desamparos e injusticias que diariamente hacen con la colaboración necesaria de jueces monárquicos y por tanto corruptos. La existencia de una monarquía es incompatible con un sistema democrático. Si en algunos países aceptamos la coexistencia, incompatible, de falsa democracia y monarquía, ello es un síntoma de debilidad de la democracia. LA REPÚBLICA ES LA FORMA DE ESTADO NATURAL DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO.

PRÓXIMO ADVENIMIENTO DE LA III REPÚBLICA DEMOCRATICA. ¡FELICIDADES!. LA JUSTICIA QUE COMPLACE A LA MONARQUÍA ES UNA JUSTICIA CORRUPTA, MANIPULADORA, FALAZ Y SOMETEDORA DE LOS CIUDADANOS A LAS MAYORES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La sociedad democrática ha sido producida por nuestras necesidades y el gobierno por la maldad de los monárquicos; la primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo entre sí nuestros afectos; el otro crea las diferencias. La primera protege, el segundo castiga injustamente. La sociedad democrática, en la que no estamos, es una bendición; el gobierno monárquico, incluso en su mejor forma, no es más que un mal; en su forma peor es insoportable.

La justicia que complace al príncipe es, en primer lugar, la del privilegio. La igualdad como principio, la desigualdad como sistema. El fuero como norma y la inmunidad como fin. Es lo que procura por encima de todo la impunidad del poder en medio de grandes protestas de seguridad y democracia. El derecho y los jueces son un instrumento de la política, y el llamado poder judicial una herramienta que el poder real, el fáctico, puede utilizar a su arbitrio al servicio de sus intereses privados. La razón jurídica del estado de derecho queda subordinada a la razón del poder fáctico. Las exigencias de justicia, a los criterios de oportunidad y conveniencia. Si los máximos de los crímenes de corrupción o terrorismo de estado forman o han formado parte de la clave de bóveda del sistema político, de tal forma que su incriminación puede hacer estallar la urdidumbre y la trama de los consensos que están en la base de este sistema monárquico: consenso político, consenso institucional y consenso jurisdiccional; que respondan todos menos los máximos responsables. El príncipe es inviolable. No responde ante nadie. El poder judicial no pasa de ser un subpoder. Juzga y hace ejecutar lo juzgado siempre que no invada la justicia de palacio o no toque el corazón del sistema corrupto.

Es el “príncipe” el que protege al derecho, no el derecho al “príncipe”. El rey hace los jueces y cuando cogobernaba con Franco, también a los obispos.

LA MONARQUÍA SE PROVÉ, ILEGITIMA Y ANTIDEMOCRÁTICAMENTE, DE UNA CONSTITUCIÓN Y ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA PERPETURARSE EN EL PODER CORRUPTO Y EL CRIMEN INSTITUCIONALIZADO.

La constitución de 1978, cuyo constituyente estaba vigilado y controlado por el ejército franquista-monárquico, no tiene previsto procedimiento ni institución u órgano para resolver las posibles recusaciones del pleno del tribunal constitucional; tampoco en el desarrollo de la constitución, la ley orgánica del tribunal constitucional tiene previsto procedimiento alguno ni institución y órgano que deba resolver las recusaciones del pleno del tribunal.

Es tal la impunidad y arbitrariedad de la monarquía para perpetuarse en el poder de la jefatura del estado que, tampoco está previsto en el ordenamiento jurídico qué procedimiento y qué órgano o institución debe resolver las recusaciones contra los magistrados del pleno del tribunal supremo.

Igualmente, tampoco está previsto en el ordenamiento jurídico arbitraria e impunemente qué procedimiento y qué órgano debe resolver las recusaciones del pleno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y de los plenos de las audiencias provinciales.

Estas omisiones intencionadas del ordenamiento jurídico se han mantenido y se mantienen en la actualidad. Siendo tal el nivel de impunidad con que actúan los órganos del poder judicial que, tanto el tribunal constitucional, como los jueces y tribunales del poder judicial que son recusados resuelven ellos mismos, los propios recusados sus recusaciones con tal impunidad que, ni la fiscalía ni el gobierno ni el consejo general de la abogacía española ni el poder judicial se dan por aludidos teniendo conocimiento de ello; permitiendo la impunidad, la arbitrariedad y la prevaricación generalizada de jueces y tribunales para que la monarquía corrupta y criminal se perpetúe en el poder que, además, la han hecho hereditaria y, a su vez sea utilizada como escudo protector para que los gobiernos monárquicos y demás instituciones monárquicas del estado continúen con la corrupción generaliza que, omisiones tan flagrantes del ordenamiento jurídico les permite en contra lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.

LA MONARQUÍA, CULPABLE DE TORTURAS PARA SOMETER A LOS DISIDENTES DE LA GUARDIA CIVIL, UTILIZA COMO INSTRUMENTOS PARA CONSEGUIRLO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL SUPREMO Y OTROS TRIBUNALES, QUE SIGUEN COMETIENDO PREVARICACIONES COMO SE ACREDITA POR LA SIGUIENTE QUERELLA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.-

AL  TRIBUNAL SUPREMO. SALA SEGUNDA. 

     8 marzo 2011  

LUIS MAYORAL GÁZQUEZ, licenciado en Derecho, abogado del pueblo en Almería, con domicilio en C/ La Vega, 36, 2º A, 04007 Almería. Letrado en representación y defensa propia conforme a lo dispuesto en el artículo 81 Uno de la LOTC por el que los licenciados en Derecho, podemos postularnos en representación y defensa de derechos e intereses propios ante el Tribunal Constitucional, y órganos del Poder Judicial conforme al artículo 5.1 de la LOPJ, y tanto por el principio de analogía, artículo 4.1 CC, como por el principio de jerarquía normativa, artículo 6 de la LOPJ y el artículo 1.2 del CC, ya que, la ley del Tribunal Constitucional es orgánica y, la ley jurisdiccional es ordinaria; por ello los licenciados en Derecho, cumplimos con los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para presentar querella y suscribirla en representación propia y defensa propia de derechos e interese propios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1.2, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Comparezco y DIGO:

1. Interpongo Querella Criminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 y demás de aplicación, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el  QUERELLANTE es: el Letrado que esto escribe, con indicado domicilio.

2. Los  QUERELLADOS son: CONDE MARTÍN DE HIJAS; PEREZ VERA y RODRIGUEZ ARRIVAS, magistrados del Tribunal Constitucional en la fecha de los hechos.  

I. HECHOS

3. Dolosamente se pusieron de acuerdo, los querellados, para dictar la resolución de la Sala Segunda, Sección Cuarta del TC, firmada por  ellos de fecha 24.06.09, en el recurso de Amparo 7884/2008, por la que resuelven su propia recusación. VIOLANDO ASÍ LOS DERECHOS HUMANOS del Letrado que esto escribe. No estando previsto en el ordenamiento jurídico de España que, los magistrados recusados del TC, como se acredita por el escrito de recusación de fecha 16.06.2009 de los magistrados integrantes de la citada Sección del TC que se denuncian,  puedan resolver su propia recusación.

4. Se formula querella criminal por un presunto delito de prevaricación dolosa o subsidiariamente por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, al, los querellados resolver su propia recusación violando así los DERECHOS HUMANOS del querellante que suscribe, no estando previsto en el ordenamiento jurídico y, en contra de la lógica jurídica y por violación del principio de que el juez no puede ser “juez y parte” ni “juez de su propia causa”. Habiendo resuelto, los querellados, su propia recusación a sabiendas de que infringían el citado principio jurisprudencial y doctrinal del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que no se puede ser juez y parte; violando al resolver su propia recusación, los más elementales DERECHOS HUMANOS recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Carta Europea de los Derechos Humanos y, otros convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por España, que declaran el derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial, elegidos democráticamente, lo que no sucede con los magistrados del TC de España que son designados.

5. Estando los hechos cometidos por los denunciados, incursos en el artículo 446.3 del Código Penal vigente; ya que, los hechos denunciados constituyen un apartamiento de la función jurisdiccional o judicial propia del Estado Social y Democrático de Derecho, que se da cuando la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y métodos de la interpretación del Derecho. Ya que, el delito de prevaricación judicial dolosa se integra por dos elementos; uno de naturaleza objetiva integrado por el dictado de una resolución injusta, y otro subjetivo, integrado por el elemento subjetivo del injusto, consistente en saber que se está dictando una resolución injusta, lo que queda objetivado en la expresión  -a sabiendas-  que aparece en todos los supuestos de la prevaricación dolosa. Y el elemento objetivo de la resolución injusta solo puede ser definido desde la perspectiva de la legalidad, porque la prevaricación comienza con el abandono de dicho principio y no desde las propias convicciones de los querellados, porque en tal caso la subjetivación del delito de prevaricación conduce a la justificación de cualquier decisión de los querellados. La conciencia de los querellados, no puede eregirse en tribunal de la conciencia de la ley, porque ello conduce, en definitiva, a convertir la voluntad de los querellados en decisión para resolver la recusación formulada contra ellos mismos.

II. DILIGENCIAS A PRACTICAR PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS.

6.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se solicita la práctica de las siguientes diligencias:

7. Se tome declaración al abogado del pueblo en Almería, querellante,  Luis Mayoral Gázquez, con indicado domicilio

8. Se tome declaración a los querellados: CONDE MARTÍN DE HIJAS; PEREZ VERA y RODRIGUEZ ARRIVAS, magistrados del Tribunal Constitucional en la fecha de los hechos.

9. Se acuerde sea aportada a la causa: testimonio de la resolución de fecha 24.06.09 dictada por los querellados, por la que, resuelven su propia recusación; testimonio del escrito de recusación de los magistrados querellados de fecha 16.06.09; testimonio de la copia del título de licenciado en Derecho; cuyos escritos y copia del título de los que se solicita testimonio, se encuentran en el recurso de Amparo 7884/2008 de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

 SUPLICO, sea admitido y tramitado este escrito de  querella y se practiquen las diligencias solicitadas, con independencia de las que la SALA estime practicar, para la comprobación de los hechos; con cuanto más proceda en Derecho. 

OTROSÍ DIGO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ que dice: “Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes”.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

SUPLICO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ, resuelvan sobre lo peticionado.

Fdo. Dr. Luis Mayoral Gázquez                                                               

                            

LA JEFATURA DEL ESTADO ANTIDEMOCRATICA E ILEGITIMAMENTE USURPADA POR LOS CRIMINALES Y LADRONES J.C.BORBÓN Y F.BORBÓN.

Parte de la fortuna de la familia real española tiene su origen en la ESTAFA y ROBO de la colección de pintura Duque de Hernani, valorada en más de 1000 millones de euros y compuesta por obras de TIZZIANO, CARPACCIO, VAN DYCK, TENIERS, etc.

La familia real ha vendido muchos de estos cuadros, que pertenecen al Patrimonio Histórico Español, a museos extranjeros para asegurarse un capital fuera de España. En la operación ha intervenido la Dirección General de Bellas Artes, además del Ministerio de Economía y Hacienda, y en la actualidad es un tema totalmente censurado en España debido al continuo encubrimiento que exige el robo de estos bienes. Los familiares del Duque de Hernani han interpuesto QUERELLA CRIMINAL contra la familia real por robo y estafa en el Juzgado de Instrucción no 46 de Madrid, Diligencias Previas 6049/ 95.

ROBO DE LA COLECCIÓN DE PINTURA DUQUE DE HERNANI POR LA FAMILIA REAL. En 1976, la familia real española, en colaboración con la segunda mujer del Duque de Hernani, Teresa Mariátegui, y varios funcionarios públicos,monárquicos, elaboran un plan para apoderarse de la colección de pintura y arte Duque de Hernani y vender una parte de la misma al objeto de tener un capital en el extranjero. El plan consiste en falsificar la sucesión del anciano Duque y al tiempo, destruir la documentación de la colección para evitar cualquier reclamación de los legitimarios.

El primer paso de la operación consiste en el robo de los documentos de la colección que se encuentran en el domicilio del Duque para prevenir las posibles reclamaciones de los dueños de los cuadros que se van a robar. Así, en la noche del 23 de febrero de 1977, dos falsos sirvientes, que habían sido contratados dos meses antes, proceden al robo de los documentos tras narcotizar al resto del personal. Los falsos sirvientes abandonan la casa llevándose los títulos de propiedad de las obras, además de 17 cuadros de la colección, con destino a Portugal. Nueve días después, la misma casa real, por medio de la policía, filtra la noticia del robo a la prensa y, el 2 de marzo de 1977, se publica la noticia en España haciendo hincapié en el robo de los cuadros y sin hacer mención a los documento. A los dos meses, los cuadros aparecen en Portugal y se detiene a los delincuentes, pero los documentos no se mencionan. En 1979, la familia del Duque de Hernani descubre que nunca se abrió el proceso penal por este robo. Se trataba de un montaje y nunca se supo nada más de los falsos sirvientes.

LA FALSIFICACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

El 6 de enero de 1979 fallece, a los 91 años, el anciano Duque de Hernani, y la familia real se apodera de los cuadros, una parte de los cuales se encontraba depositada en el Museo del Prado.. Para no levantar sospechas, falsifican el último testamento del Duque y colocan a la segunda esposa del causante, Teresa Mariategui Arteaga, como heredera única, pero actuando como testaferro hereditario que después les entregaría los cuadros. Paralelamente, para justificar la posterior aparición de los cuadros en el patrimonio privativo de la familia real, el rey, otorga un real Decreto en el que permite que el Ducado de Hernani sea ostentado por su familia, concretamente por su hermana Margarita, bajo el pretexto de haber recibido una carta del Duque en el que le transmite su deseo de modificar, por testamento, la línea de sucesión del ducado. Naturalmente, esta carta es falsa.

ENCUBRIMIENTO DEL ROBO Y DE LA ESTAFA

Los errores cometidos por la familia real al realizar el robo y la estafa permiten descubrir la operación. Se genera entonces un intenso tráfico de influencias, dirigido al encubrimiento de los delitos que, en realidad, es una huida hacia delante de la familia real . El primer error de la familia real es olvidarse de pagar los impuestos sucesorios de la testaferro, dejando en evidencia que no había recibido la herencia. Para demostrar que Teresa Mariátegui es una vulgar testaferro de la casa real, la familia del Duque de Hernani formula contra ella Denuncia Publica por impago de los impuestos, y, efectivamente, la Delegación de Hacienda de Madrid , recibe la orden de paralizar la Denuncia Publica 40/86 para no dar al traste con el robo y la estafa real. En 1993, el Delegado de Hacienda intenta quitársela de encima y falsifica una valoración de los cuadros, de acuerdo a las directrices de la compañía SOTHEBY'S, en la que trabaja la Pilar Borbón, y emite una resolución en la que valora la colección en 25 millones de pesetas. La Resolución es recurrida y en la actualidad, el procedimiento de la Denuncia Publica 40/86 se encuentra acumulado a las Diligencias Previas no 6049-95 del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid. La Agencia Tributaria y SOTHEBY' dicen ahora que han perdido los expedientes. El segundo error de la familia real fue robar los títulos de propiedad de los cuadros del domicilio del Duque de Hernani, sin darse cuenta que eran copias de otros documentos originales que se encontraban en los archivos del Patrimonio Histórico Español. Cuando se contrasta la documentación del Instituto del Patrimonio Histórico con la documentación que se confeccionó para vender los cuadros robados al extranjero, por medio de testaferros, se descubre en seguida que está falsificada. Para solucionar este problema la familia real acude, de nuevo, al abuso de poder y se hacen desaparecer del Instituto los expedientes 518 y 110 de la colección Duque de Hernani. Y no sólo eso, sino que, para no dejar ningún vestigio sobre la verdadera propiedad de los cuadros, se procede a la falsificación del Inventario General del Museo del Prado. Pese a todo, el encubrimiento resulta inútil porque la familia del Duque de Hernani consigue reconstruir los expedientes sustraídos con los duplicados de dichos documentos que obraban en el Instituto y que, por error, se olvidaron de sustraer. 

EL DESCARO DE LA FAMILIA REAL

Cuando ya resulta imposible ocultar que la familia real llevo a cabo el robo y estafa de la colección Hernani, la única solución que se le ocurre al jefe de la Casa Real, SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, es amenazar expresamente a todos los medios de comunicación españoles para que no publiquen nada sobre el asunto HERNANI. La amenaza, que permanece en pié, se recoge por primera vez en la emisora COPE programa de Antonio Herrero del día 28 de septiembre de 1994.

Evidentemente la amenaza se extiende a todo los cargos públicos Al poco tiempo fallece la testaferro, Teresa Mariátegui Arteaga, de quien ya se habían olvidado, y deja un testamento en donde se revela que no ha recibido los bienes de la herencia de su marido. La familia real, haciéndose todavía la ilusión de que nadie les ha descubierto, acude entonces al Director General del Registro y del Notariado para que les falsifique otro Certificado de Ultima Voluntad en el que se incluyan dos testamentos falsos posteriores. El Director General hace el encargo, con lo cual hay ahora dos certificaciones de ultima voluntad, además de dos testamentos falsos añadidos Como ultimo recurso, la familia real intenta el blanqueo judicial del robo y estafa de la colección Duque de Hernani sin tener que devolver los cuadros robados. Algunos jueces siguen el peligroso juego. El Tribunal Supremo les confirma como sucesores del Duque de Hernani despreciando la documentación falsificada . El Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid paraliza todas las investigaciones sobre el paradero de los cuadros y hace inútiles las querellas criminales presentadas contra ellos.

LA MONARQUÍA, CULPABLE DE TORTURAS PARA SOMETER A LOS DISIDENTES DE LA IDEOLOGÍA MONÁRQUICA, UTILIZA COMO INSTRUMENTOS PARA CONSEGUIR SUS FINES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL SUPREMO Y OTROS TRIBUNALES, COMO SE ACREDITA POR LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN QUE COMETEN. SE APORTA COPIA DE QUERELLA PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.

AL  TRIBUNAL SUPREMO. SALA SEGUNDA. 

7 febrero 2011  

LUIS MAYORAL GÁZQUEZ, licenciado en Derecho, abogado del pueblo en Almería, con domicilio en C/ La Vega, 36, 2º A, 04007 Almería. Letrado en representación y defensa propia conforme a lo dispuesto en el artículo 81 Uno de la LOTC por el que los licenciados en Derecho, podemos postularnos en representación y defensa de derechos e intereses propios ante el Tribunal Constitucional, y órganos del Poder Judicial conforme al artículo 5.1 de la LOPJ, y tanto por el principio de analogía, artículo 4.1 CC, como por el principio de jerarquía normativa, artículo 6 de la LOPJ y el artículo 1.2 del CC, ya que, la ley del Tribunal Constitucional es orgánica y, la ley jurisdiccional es ordinaria; por ello los licenciados en Derecho, cumplimos con los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para presentar querella y suscribirla en representación propia y defensa propia de derechos e interese propios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1.2, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Comparezco y DIGO:

1. Interpongo Querella Criminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 y demás de aplicación, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el  QUERELLANTE es: el Letrado que esto escribe, con indicado domicilio.

2. Los  QUERELLADOS son: CASAS BAAMONDE; DELGADO BARRIO y ARAGÓN REYES, magistrados del Tribunal Constitucional en la fecha de los hechos.  

I. HECHOS

3. Se pusieron de acuerdo, dolosamente, los denunciados para dictar la resolución de la Sala Primera, Sección Primera del TC, firmada por los denunciados de fecha 2.06.09, en el recurso de Amparo 7161/2007, por la que resuelven, los denunciados, su propia recusación. No estando previsto en el ordenamiento jurídico de España que, los magistrados recusados del TC, como se acredita por el escrito de recusación de fecha 1.02.2009 de los magistrados integrantes de la citada Sección del TC que se denuncian,  puedan resolver su propia recusación.

4. Se formula querella criminal por un presunto delito de prevaricación dolosa o subsidiariamente por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, al, los denunciados resolver su propia recusación no estando previsto en el ordenamiento jurídico y, en contra de la lógica jurídica y por violación del principio de que el juez no puede ser “juez y parte” ni “juez de su propia causa”. Habiendo resuelto, los denunciados, su propia recusación a sabiendas de que infringían el citado principio jurisprudencial y doctrinal del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que no se puede ser juez y parte; violando al resolver su propia recusación, los más elementales derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, otros convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por España, que declaran el derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial, elegidos democráticamente, lo que no sucede con los magistrados del TC de España que son designados.

5. Estando los hechos cometidos por los denunciados, incursos en el artículo 446.3 del Código Penal vigente; ya que, los hechos denunciados constituyen un apartamiento de la función jurisdiccional o judicial propia del Estado Social y Democrático de Derecho, que se da cuando la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y métodos de la interpretación del Derecho. Ya que, el delito de prevaricación judicial dolosa se integra por dos elementos; uno de naturaleza objetiva integrado por el dictado de una resolución injusta, y otro subjetivo, integrado por el elemento subjetivo del injusto, consistente en saber que se está dictando una resolución injusta, lo que queda objetivado en la expresión  -a sabiendas-  que aparece en todos los supuestos de la prevaricación dolosa. Y el elemento objetivo de la resolución injusta solo puede ser definido desde la perspectiva de la legalidad, porque la prevaricación comienza con el abandono de dicho principio y no desde las propias convicciones de los querellados, porque en tal caso la subjetivación del delito de prevaricación conduce a la justificación de cualquier decisión de los querellados. La conciencia de los querellados, no puede eregirse en tribunal de la conciencia de la ley, porque ello conduce, en definitiva, a convertir la voluntad de los querellados en decisión para resolver la recusación formulada contra ellos mismos.

II. DILIGENCIAS A PRACTICAR PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS.

6.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se solicita la práctica de las siguientes diligencias:

7. Se tome declaración al abogado del pueblo querellante  Luis Mayoral Gázquez, con indicado domicilio

8. Se tome declaración a los querellados: CASAS BAAMONDE; DELGADO BARRIO y ARAGÓN REYES, magistrados del Tribunal Constitucional en la fecha de los hechos.

9. Se acuerde sea aportada a la causa: testimonio de la resolución de fecha 2.06.09 dictada por los querellados, por la que, resuelven su propia recusación; testimonio del escrito de recusación de los magistrados querellados de fecha 1.02.09; testimonio de la copia del título de licenciado en Derecho; cuyos escritos y copia del título de los que se solicita testimonio, se encuentran en el recurso de Amparo 7161/2007 de la Sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

 SUPLICO, sea admitido y tramitado este escrito de  querella y se practiquen las diligencias solicitadas, con independencia de las que la SALA estime practicar, para la comprobación de los hechos; con cuanto más proceda en Derecho. 

OTROSÍ DIGO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ que dice: “Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes”.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

SÚPLICO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ, resuelvan sobre lo peticionado.

Fdo. Dr. Luis Mayoral Gázquez 

           

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREMO, NO SOLO CONSIENTEN LAS TORTURAS DE LA MONARQUÍA CONTRA LOS DISIDENTES, SINO QUE PREVARICAN PARA PROTEGER A LOS BORBONES TORTURADORES.

AL  TRIBUNAL SUPREMO. SALA SEGUNDA. 

6 enero 2011  

LUIS MAYORAL GÁZQUEZ, licenciado en Derecho, abogado del pueblo en Almería, con domicilio en C/ La Vega, 36, 2º A, 04007 Almería. Letrado en representación y defensa propia conforme a lo dispuesto en el artículo 81 Uno de la LOTC por el que los licenciados en Derecho, podemos postularnos en representación y defensa de derechos e intereses propios ante el Tribunal Constitucional, y órganos del Poder Judicial conforme al artículo 5.1 de la LOPJ, y tanto por el principio de analogía, artículo 4.1 CC, como por el principio de jerarquía normativa, artículo 6 de la LOPJ y el artículo 1.2 del CC, ya que, la ley del Tribunal Constitucional es orgánica y, la ley jurisdiccional es ordinaria; por ello los licenciados en Derecho, cumplimos con los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para presentar querella y suscribirla en representación propia y defensa propia de derechos e interese propios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1.2, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Comparezco y DIGO:

1. Interpongo Querella Criminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 y demás de aplicación, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el  QUERELLANTE es: el Letrado que esto escribe, con indicado domicilio.

2. Los  QUERELLADOS son: JIMÉNEZ SÁNCHEZ; GAY MONTALVO y SALA SÁNCHEZ, magistrados del Tribunal Constitucional.  

I. HECHOS

3. Hubo connivencia conspirativa entre los denunciados para dictar la resolución de la Sala Segunda, Sección Tercera del TC, firmada por los magistrados denunciados de fecha 22.05.09, en el recurso de Amparo 6735/2008, por la que resuelven, los denunciados, su propia recusación. No estando previsto en el ordenamiento jurídico de España que, los magistrados recusados del TC, como se acredita por el escrito de recusación de fecha 15.06.2009 de los magistrados integrantes de la citada Sección del TC que se denuncian,  puedan resolver su propia recusación.

4. Se formula querella criminal por un presunto delito de prevaricación dolosa o subsidiariamente por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, al, los denunciados resolver su propia recusación no estando previsto en el ordenamiento jurídico y, en contra de la lógica jurídica y por violación del principio de que el juez no puede ser “juez y parte” ni “juez de su propia causa”. Habiendo resuelto, los denunciados, su propia recusación a sabiendas de que infringían el citado principio jurisprudencial y doctrinal del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que no se puede ser juez y parte; violando al resolver su propia recusación, los más elementales derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, otros convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por España, que declaran el derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial, elegidos democráticamente, lo que no sucede con los magistrados del TC de España que son designados.

5. Estando los hechos cometidos por los denunciados, incursos en el artículo 446.3 del Código Penal vigente; ya que, los hechos denunciados constituyen un apartamiento de la función jurisdiccional o judicial propia del Estado Social y Democrático de Derecho, que se da cuando la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y métodos de la interpretación del Derecho. Ya que, el delito de prevaricación judicial dolosa se integra por dos elementos; uno de naturaleza objetiva integrado por el dictado de una resolución injusta, y otro subjetivo, integrado por el elemento subjetivo del injusto, consistente en saber que se está dictando una resolución injusta, lo que queda objetivado en la expresión  -a sabiendas-  que aparece en todos los supuestos de la prevaricación dolosa. Y el elemento objetivo de la resolución injusta solo puede ser definido desde la perspectiva de la legalidad, porque la prevaricación comienza con el abandono de dicho principio y no desde las propias convicciones de los querellados, porque en tal caso la subjetivación del delito de prevaricación conduce a la justificación de cualquier decisión de los querellados. La conciencia de los querellados, no puede eregirse en tribunal de la conciencia de la ley, porque ello conduce, en definitiva, a convertir la voluntad de los querellados en decisión para resolver la recusación formulada contra ellos mismos.

II. DILIGENCIAS A PRACTICAR PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS.

6.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se solicita la práctica de las siguientes diligencias:

7. Se tome declaración al abogado del pueblo querellante  Luis Mayoral Gázquez, con indicado domicilio

8. Se tome declaración a los querellados: JIMÉNEZ SÁNCHEZ; GAY MONTALVO y SALA SÁNCHEZ, magistrados del Tribunal Constitucional.

9. Se acuerde sea aportada a la causa: testimonio de la resolución de fecha 26.06.09 dictada por los querellados, por la que, resuelven su propia recusación; testimonio del escrito de recusación de los magistrados querellados de fecha 15.06.09; testimonio de la copia del título de licenciado en Derecho; cuyos escritos y copia del título de los que se solicita testimonio, se encuentran en el recurso de Amparo 6735/2008 de la Sección Tercera de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

 SUPLICO, sea admitido y tramitado este escrito de  querella y se practiquen las diligencias solicitadas, con independencia de las que la SALA estime practicar, para la comprobación de los hechos; con cuanto más proceda en Derecho. 

OTROSÍ DIGO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ que dice: “Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes”.

En virtud de lo expuesto, a la SALA

SÚPLICO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOPJ, resuelvan sobre lo peticionado.

Fdo. Dr. Luis Mayoral Gázquez