Cuando ya llevamos años instalados en una crisis financiera, generada por el capitalismo, cuyo primer contagiado ha sido la economía real, cuando se han destruido millones de empleos en toda Europa, cuando se ha sometido al chantaje y a presiones inauditas a diversos gobiernos, y cuando se ha visto que los capitalistas, principales responsables de esta crisis siguen disfrutando de sus privilegios, algunos gobiernos, instituciones y partidos comienzan a cuestionar el papel que en este proceso han jugado las agencias de calificación. Otros, ya hace tiempo que venimos denunciando que sus actos ni son inocuos ni carentes de responsabilidad en el ámbito del derecho penal.
Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch a lo largo de la crisis, que han sido usadas como arietes por los capitalistas contra los derechos humanos del pueblo, habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión, provocada, del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza –previo pago por su asesoramiento– diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo, la miseria y el desahucio.
El segundo momento es aquel que viene caracterizado, durante la crisis, con continuos ataques a la credibilidad y estabilidad de las economías más afectadas por la misma; todas y cada una de las acciones emprendidas por los gobiernos de Grecia, Portugal, España y otros han sido denostadas por esas agencias, generando una desconfianza aún más profunda en las economías nacionales, siempre con el consiguiente beneficio para empresas que son también clientes de las agencias o, incluso, accionistas de ellas.
En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, diversas entidades financieras son protagonistas de operaciones hipotecarias que bien podrían encuadrarse en el delito de estafa. Sin embargo, han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligue, al menos, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.
El problema real no lo quieren abordar los capitalistas como corresponde.
Ante las brutales pérdidas generadas a las arcas públicas de los países atacados por estas agencias, ante los millones de puestos de trabajo destruidos y los ingentes perjuicios generados a los ciudadanos, es evidente que los gobiernos que pretendan mantener su credibilidad en materia de prevención y represión de este tipo de comportamientos deben afrontar este problema con firmeza y valor.
Algunas organizaciones –como el Observatorio DESC, Izquierda Unida o Attac– han puesto estos graves hechos en conocimiento judicial, a través de una querella que lleva casi cinco meses paralizada en manos de la Fiscalía Anticorrupción; se trata de un esfuerzo cívico importante, valiente y coherente que pretende servir de acicate para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, y sobre todo DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO -A CREAR-, actúe sobre estas empresas y les reclame la responsabilidad que tienen en esta crisis y en las dificultades que existen para salir de ella.
Los límites de la actividad empresarial, CUYA ACTIVIDAD DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PUEBLO, NO DEL CAPITALISMO, son los que establece el Código Penal; y quien se los salte debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias y quien dirige los destinos de este país debe asumir, con responsabilidad y valentía, la imperiosa necesidad de acotar prácticas que han excedido el ámbito de lo mercantil y del respeto a los derechos humanos del pueblo, sobre todo el derecho de IGUALDAD ECONÓMICA. Pues, la actividad económica debe estar al servicio de los ciudadanos para conseguir que todos y cada uno tengamos cubiertas las necesidades, sin despilfarrar, que es lo que depreda al planeta y destruye la Humanidad.
Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch a lo largo de la crisis, que han sido usadas como arietes por los capitalistas contra los derechos humanos del pueblo, habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión, provocada, del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza –previo pago por su asesoramiento– diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo, la miseria y el desahucio.
El segundo momento es aquel que viene caracterizado, durante la crisis, con continuos ataques a la credibilidad y estabilidad de las economías más afectadas por la misma; todas y cada una de las acciones emprendidas por los gobiernos de Grecia, Portugal, España y otros han sido denostadas por esas agencias, generando una desconfianza aún más profunda en las economías nacionales, siempre con el consiguiente beneficio para empresas que son también clientes de las agencias o, incluso, accionistas de ellas.
En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, diversas entidades financieras son protagonistas de operaciones hipotecarias que bien podrían encuadrarse en el delito de estafa. Sin embargo, han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligue, al menos, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.
El problema real no lo quieren abordar los capitalistas como corresponde.
Ante las brutales pérdidas generadas a las arcas públicas de los países atacados por estas agencias, ante los millones de puestos de trabajo destruidos y los ingentes perjuicios generados a los ciudadanos, es evidente que los gobiernos que pretendan mantener su credibilidad en materia de prevención y represión de este tipo de comportamientos deben afrontar este problema con firmeza y valor.
Algunas organizaciones –como el Observatorio DESC, Izquierda Unida o Attac– han puesto estos graves hechos en conocimiento judicial, a través de una querella que lleva casi cinco meses paralizada en manos de la Fiscalía Anticorrupción; se trata de un esfuerzo cívico importante, valiente y coherente que pretende servir de acicate para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, y sobre todo DE LA ABOGACÍA DEL PUEBLO -A CREAR-, actúe sobre estas empresas y les reclame la responsabilidad que tienen en esta crisis y en las dificultades que existen para salir de ella.
Los límites de la actividad empresarial, CUYA ACTIVIDAD DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PUEBLO, NO DEL CAPITALISMO, son los que establece el Código Penal; y quien se los salte debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias y quien dirige los destinos de este país debe asumir, con responsabilidad y valentía, la imperiosa necesidad de acotar prácticas que han excedido el ámbito de lo mercantil y del respeto a los derechos humanos del pueblo, sobre todo el derecho de IGUALDAD ECONÓMICA. Pues, la actividad económica debe estar al servicio de los ciudadanos para conseguir que todos y cada uno tengamos cubiertas las necesidades, sin despilfarrar, que es lo que depreda al planeta y destruye la Humanidad.
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