Nunca antes, fuera del lejano 1929, las finanzas habían causado tantos daños en la economía real, en los trabajadores, en las familias y en las sociedades. La crisis del 2008, que costó cinco trillones de dólares zanjar, ha dejado 50 millones de personas sin trabajo y a cien millones de nuevos pobres en el mundo.
Los resultados de la especulación sobre el Euro están a la vista de todos y los pensionistas del sur de Europa tienen una opinión clara de todo esto. La crisis del Euro del 2010 se salda con un trillón de dólares. Son cantidades sin precedentes en las que los Estados se han endeudado y que les dejan sin capacidad financiera para afrontar próximas crisis.
Es evidente que, por alguna razón, antes del gobierno de George W. Bush, ideólogo del libre mercado, estas crisis nunca se habían producido en los actuales niveles.
Varios prestigiosos economistas, como Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan, querían que se examinaran esas razones y se volviera al diseño anterior. La gran coral de los sectores financieros y sus grupos de presión, intentaban que las limitaciones fueran mínimas, con el argumento de que todo control limita la innovación y el de-sarrollo.
Los proyectos en marcha en Europa y en Estados Unidos, han tomado el camino de intentar limitar los excesos, sin enfrentar el sistema. Habrá mejorías indudables, ya que se eliminan varios de los mecanismos especulativos que han llevado a la crisis actual. Hasta 1980, especulación era un término negativo. En la década de los 50, un importante financiero, Lev Baruch, creó un enorme escándalo al teorizar que un empresario debía ganar 20 veces más que sus trabajadores. Era una época en que los que no actuaban de manera clara y transparente estaban señalados. Hubiera sido impensable que un financiero judío como Bernard Madoff, robara dinero a otros judíos, entre ellos al premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel.
El mundo de las finanzas se basaba en la economía real; la bolsa en el rendimiento de las empresas, y los bancos en los depósitos de sus clientes. La desregulación ha puesto en marcha rápidas generaciones de financieros, que inventaron instrumentos de mayor riesgo y, por lo tanto, de mayor beneficio. Esto ha creado la cultura especulativa actual, que ha legitimado el mundo de la política y de los estados, al aceptar que se eliminen los controles. Ahora toman la opción más fácil: eliminar los excesos. Pero la especulación tiene un espacio legitimado en el mundo actual.
Es un hecho singular que sean los operadores de bolsa y no los representantes elegidos por los ciudadanos en las urnas los que decidan el destino de millones de personas. Es para defenderse de ellos que los gobiernos y las instituciones europeas, que han sido incapaces de controlar la falsificación de los presupuestos griegos, tengan ahora que emprender una política de ajustes fiscales que va a cambiar profundamente el cuadro social europeo y el destino de sus jóvenes.
En otras palabras, los gobiernos no ponen sus cuentas en orden para el bien de sus ciudadanos, sino para resistir a los especuladores. De una política de planes de equilibrio y desarrollo se pasa a una de planes de ajuste estructural que van a pagar las clases más pobres y dependientes una vez más.
Mientras tanto, a nadie se le ocurre poner límites a las posibles ganancias, para eliminar la carrera al riesgo más alto y, por ende, más remunerativo. Un ejemplo sería poner límites modestos, nivelados con las ganancias de las empresas de la economía real, de lo que las bolsas puedan ganar o perder en un día de transacciones.
No hay dudas que esto eliminaría muchas ganancias pero ¿de cuántas personas? Porque los riesgos de estos pocos ciudadanos, hasta ahora, ¿cuántos miles de personas los están pagando? Es fácil decirlo: por cada nuevo millonario que se crea hay, según la OECDE, 500 personas que pasan de clase media a pobres.
La carrera entre encontrar nuevos campos de especulación y buscar reglamentos específicos sobre ellos, es una lucha que tiene como obvio perdedor al Estado.
Un Estado que, mientras limita los daños de la droga y del humo, porque afectan a la humanidad, considera legítimo que millones de personas sean objeto de especuladores. Este tipo de Estado es el que ha impuesto la monarquía franquista y capitalista en España.
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