lunes, 9 de enero de 2012

LA MONARQUÍA SE PROVE, ILEGITIMA Y ANTIDEMOCRÁTICAMENTE DE UNA CONSTITUCIÓN Y ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA PERPETURARSE EN EL PODER CORRUPTO Y EL CRIMEN INSTITUCIONALIZADO.



La constitución de 1978, cuyo constituyente estaba vigilado y controlado por el ejército franquista-monárquico, no tiene previsto procedimiento ni institución u órgano para resolver las posibles recusaciones del pleno del tribunal constitucional; tampoco en el desarrollo de la constitución, la ley orgánica del tribunal constitucional tiene previsto procedimiento alguno ni institución y órgano que deba resolver las recusaciones del pleno del tribunal.
Es tal la impunidad y arbitrariedad de la monarquía para perpetuarse en el poder de la jefatura del estado que, tampoco está previsto en el ordenamiento jurídico qué procedimiento y qué órgano o institución debe resolver las recusaciones contra los magistrados del pleno del tribunal supremo.
Igualmente, tampoco está previsto en el ordenamiento jurídico arbitraria e impunemente qué procedimiento y qué órgano debe resolver las recusaciones del pleno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y de los plenos de las audiencias provinciales.
Estas omisiones intencionadas del ordenamiento jurídico se han mantenido y se mantienen en la actualidad. Siendo tal el nivel de impunidad con que actúan los órganos del poder judicial que, tanto el tribunal constitucional, como los jueces y tribunales del poder judicial que son recusados resuelven ellos mismos, los propios recusados sus recusaciones con tal impunidad que, ni la fiscalía ni el gobierno ni el consejo general de la abogacía española ni el poder judicial se dan por aludidos teniendo conocimiento de ello; permitiendo la impunidad, la arbitrariedad y la prevaricación generalizada de jueces y tribunales para que la monarquía corrupta y criminal se perpetúe en el poder que, además, la han hecho hereditaria y, a su vez sea utilizada como escudo protector para que los gobiernos monárquicos y demás instituciones monárquicas del estado continúen con la corrupción generaliza que, omisiones tan flagrantes del ordenamiento jurídico les permite en contra lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.

2 comentarios:

María Rosa dijo...

Sospechaba que algo así debía ocurrir. La lógica deductiva simple te invita a pensar que algo pasa, aunque yo lo achacaba solo a la corrupción generalizada, de forma que los procesos se paraban símplemente porque era su deseo que no continuaran, pero por lo que comentas existen razones jurídicas para ello, que demoníacamente ya tenían preparadas.
Gracias por aclararlo Luis.

Anónimo dijo...

Como te conservas Mayoral. Estas fenómeno.
A ver si nos vemos en las Bodas de Oro, ya que a las de Plata no fuiste.Te habría gustado, lo pasamos muy bien.

Un abrazo Polilla.