LA FELONÍA DE JUAN CARLOS BORBÓN. SUS ASESINATOS. SUS DELITOS DE TODA LAYA Y COMO JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, LA MAYOR INFAMIA A QUE SE PUEDE SOMETER A UN PUEBLO, COMO CÓMPLICES SUS GOBIERNOS MONÁRQUICOS Y LOS DEMÁS BORBONES CORRUPTOS DE SU FAMILIA.

Juan Carlos de Borbón empezó su infausta carrera, después de matar a su hermano de un certero disparo, poniéndose a disposición del dictador fascista y asesino que a la sazón aherrojaba España, colonias incluidas, con la pretensión de que le designara sucesor. Ninguna bajeza le fue ajena, incluida la felonía de ser proclamado rey por las Cortes fascistas mientras su padre, Juan III, vivía y no había abdicado, lo que le arrancó al cabo de los años. Mantuvo intacto el aparato de la dictadura y sus responsables, hasta que la presión popular e internacional le hizo imposible mantener la monarquía del 18 de julio. Juró los Principios Fundamentales del Movimiento, jamás ha jurado la Constitución.

Borboneó de inmediato intentando establecer un régimen semiautoritario, promovió golpes de Estado, y su fracaso le hizo prisionero de una voluntad democrática general que inteligentemente le presentó como un garante de la democracia que le atrapó en ese papel.

Vinieron unas décadas de envolverlo en un respeto basado en la continua intimidación, censura, y compra de periodistas y de políticos, facilitada ésta por el inmenso patrimonio que por comisiones y favores se dedicó Juan Carlos a amasar, no sin abandonar a la prisión a sus sucesivos colaboradores y encubridores según estallaban los escándalos que su corrupción generaba.

Todo empezó a torcerse en los últimos años, cuando internet imposibilita el círculo de silencio mediático y las fábulas que le protegían, a él, a su patrimonio y métodos de conseguirlo, a su vida personal y sexual, a su familia disfuncional, y a su insondable estupidez y maldad. Los documentos de los países extranjeros empiezan a desclasificarse, y nada puede hacerse para impedirlo. LA MONARQUÍA HA CAÍDO: ¡VIVA LA REPÚBLICA!.

LAS ABERRACIONES Y DEMAGOGIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTA MONARQUÍA CORRUPTA, DONDE MUEREN EN PRISIÓN UNA MEDIA ANUAL DE MÁS DE MIL DOSCIENTOS PENADOS, EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

Se suelen difundir, los medios monárquicos, varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal nombre, sino en pasiones, acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y salen por la otra, así como que las cárceles son hoteles, son tópicos que incomprensiblemente reinan en la sociedad española y sus medios de comunicación.

Cuando la crítica, absolutamente necesaria y bastante insuficiente, debería ir por otro lado. Es urgente una modernización de nuestro Derecho penal. Es descabellado que a las cárceles vayan masivamente los pobres, como en la monarquía  del siglo XIX, en tanto que los delitos más graves de carácter económico viven en una zona de descarada impunidad. Que los más de setenta mil penados y condenadas lo sean, sobre todo, por delitos de trapicheo de drogas, contra la salud pública y atentados contra la propiedad privada (hurtos, etcétera), y una generosa amnistía fiscal haya sido promovida recientemente por el actual Gobierno para defraudadores de Hacienda y blanqueadores de capital ilícito, son dos datos incontestables que hablan por sí solos.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la posibilidad de introducir en el sistema español la cadena perpetua o alguna medida similar, altas penas revisables, sabedor del eco que tienen entre el gran público sucesos como el caso Bretón y otros semejantes. Los partidarios de esas medidas acostumbran a sostener que en países como Alemania figura la condena a perpetuidad, de por vida. Bueno será recordar, una vez más, que el Tribunal Constitucional alemán ha obligado a revisar la cadena perpetua cada 15 años. Y la fecha límite no es casual, porque ese alto tribunal y la doctrina criminalista estiman que, después de quince años, se producen en el físico y en la psique del reo “daños irreversibles en su personalidad” y su “destrucción como ser social”. Tal y como, hace ya mucho tiempo, lo denunciara con brillantez el penalista Enrique Gimbernat ante la reforma del Código de 1995 por su incremento de los castigos de larga duración.

Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Digámoslo con claridad: la destrucción del autor de crímenes horrendos. Pero en España no solamente está prohibida constitucionalmente la pena de muerte, sino también las penas inhumanas (art. 15 de la Constitución). Y la cadena perpetua, por las razones expuestas, tiene ese inequívoco carácter inhumano. Además, en España un recluso, en determinados supuestos, puede cumplir íntegramente hasta ¡40 años! de privación de libertad. ¿No es esto, ya, suficiente y hasta demasiado?

Con esas propuestas de endurecimiento, Gallardón pretende dar gusto al Partido del Talión, al del ojo por ojo, tan presente siempre entre las filas conservadoras. Pero el Estado de Derecho no está para ejecutar venganzas, sino para hacer justicia, con el máximo respeto a los derechos humanos, inclusive los del delincuente. Hace ya muchos años, en 1762, Beccaria sostuvo que el Estado no puede ponerse nunca a la altura moral del asesino u homicida y reprimir la muerte con otra muerte legal. La grandeza del Estado de Derecho es, precisamente, ésa: la de no tratar jamás al delincuente como éste trató a sus víctimas. La represión siempre dentro de la legalidad y la proporcionalidad, lo que quiere decir, el caso es de hoy, que el autor del repugnante secuestro de Ortega Lara no ha de esperar que se le haga lo mismo que él hizo, sino que puede aguardar el mismo tratamiento que el Reglamento penitenciario reserva para todos los reclusos que sean enfermos terminales.

Pero el incremento de las penas que promueve Gallardón tiene, por otro lado, demasiado sonido a lo que los alemanes llaman Derecho penal simbólico. Es decir, aquellas reformas legales que nada van a resolver realmente, pero permiten pescar con éxito en los revueltos ríos electorales.

Se nos suele presentar a los garantistas como ingenuos, cuando no como enfermos de “buenismo”. Pero no somos sino profundamente realistas, porque, ¿se ha creído alguien que medidas como las propuestas por Gallardón van a parar los pies, a disuadir del crimen, a un psicópata desalmado con propósito firme de delinquir? Seamos serios: es bien sabido que la pena capital en EEUU nunca hizo disminuir allí los crímenes sangrientos.

LA JUSTICIA QUE COMPLACE A LA MONARQUÍA, ES UNA JUSTICIA CORRUPTA, MANIPULADORA, FALAZ Y SOMETEDORA DE LOS CIUDADANOS A LAS MAYORES VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS.

La sociedad democrática ha sido producida por nuestras necesidades y el gobierno por la maldad de los monárquicos; la primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo entre sí nuestros afectos; el otro crea las diferencias. La primera protege, el segundo castiga injustamente. La sociedad democrática, en la que no estamos, es una bendición; el gobierno monárquico, incluso en su mejor forma, no es más que un mal; en su forma peor es insoportable.

La justicia que complace a la monarquía es, en primer lugar, la del privilegio. La igualdad como principio, la desigualdad como sistema. El fuero como norma y la inmunidad como fin. Es lo que procura por encima de todo la impunidad del poder en medio de grandes protestas de seguridad y democracia. El derecho y los jueces son un instrumento de la política, y el llamado poder judicial una herramienta que el poder real, el fáctico, puede utilizar a su arbitrio al servicio de sus intereses privados. La razón jurídica del estado de derecho queda subordinada a la razón del poder fáctico. Las exigencias de justicia, a los criterios de oportunidad y conveniencia. Si los máximos de los crímenes de corrupción o terrorismo de estado forman o han formado parte de la clave de bóveda del sistema político, de tal forma que su incriminación puede hacer estallar la urdidumbre y la trama de los consensos que están en la base de este sistema monárquico: consenso político, consenso institucional y consenso jurisdiccional; que respondan todos menos los máximos responsables. El príncipe es inviolable. No responde ante nadie. El poder judicial no pasa de ser un subpoder. Juzga y hace ejecutar lo juzgado siempre que no invada la justicia de palacio o no toque el corazón del sistema corrupto.

Es el “príncipe” el que protege al derecho, no el derecho al “príncipe”. El rey hace los jueces y cuando cogobernaba con Franco, también a los obispos.

EN ESPAÑA NO HA HABIDO TRANSICIÓN A LA DEMOCRÁCIA PLENA, LA PRUEBA ES QUE EN LA JEFATURA DEL ESTADO TENEMOS A UN FRANQUISTA ANTIDEMÓCRATA QUE ADEMÁS, HA HECHO EL CARGO HEREDITARIO EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA.

Parece ser que nuestro presidente de gobierno en cooperación necesaria con la oposición y con el jefe del estado han hecho giras por alguno de los países que recientemente se han rebelado contra sus déspotas para exportarles nuestro modelo de transición. Algunos pensamos que ya está bien de sacar a pasear nuestro modelo de transición antidemocrática, que se ha convertido en un modelo de impunidad para los perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos. No sabe uno a qué se debe el orgullo de tantos monárquicos en este país, pues no son demócratas. España no ha querido cumplir ninguna de las obligaciones que impone el derecho internacional en los casos de crímenes de lesa humanidad como los cometidos masivamente por los “los traidores y rebeldes contra la democrática II REPÚBLICA”. La Ley de Amnistía y la llamada “Ley de la Memoria Histórica” se están utilizando en nuestro país como leyes de punto final, lo que está expresamente prohibido por las convenciones internacionales. A nuestros jueces y forenses les han sacado los colores en Latinoamérica cuando han ido a “explicar” en algunos países cómo tienen que pasar de una dictadura a una democracia desde la incómoda posición de ser España el segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de la Camboya del Pol Pot. ¿Qué va a explicar el Presidente en estos países que han tenido el coraje de rebelarse contra sus dictadores?, ¿cómo dejar todo “atado y bien atado” para que ningún dictador pague por sus crímenes? Desde luego, en materia de impunidad, España puede dar bastantes lecciones, desde cómo hacer leyes de punto final hasta cómo desactivar el principio de justicia universal, empezando por cómo hacer una ley supuestamente para colaborar con la Corte Penal Internacional que tenga un truco por el que en realidad la colaboración es una tomadura de pelo (artículo 7.2), hasta cómo modificar cuestiones esenciales “por la puerta de atrás”, y me refiero al serio recorte al principio de justicia universal que se había instaurado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se recortó drásticamente en 2010 con la modificación de ese principio desde una reforma ¡de la oficina judicial!

Pero todavía no acaban las lecciones en materia de impunidad, que puede extenderse también al ámbito fiscal. El Presidente, en nombre de J.C.Borbón y F.Borbón puede explicar también cómo hacer que las grandes empresas y los grandes fortunas no paguen prácticamente impuestos, y como botón, ahí está ExxonMobil Spain: 10.000 millones de beneficios en dos años con un solo trabajador y sin dejar un euro al fisco.

Y, por si fuera poco, también puede dar lecciones sobre cómo hacer y mantener una ley electoral que asegure que ningún partido que amenace el orden capitalista desde la izquierda tenga opciones de llegar al poder. ¡Verdaderamente hay que tener cara dura para ir a dar lecciones de democracia por ahí!, cuando en España carecemos de democracia plena. Tenemos una jefatura del Estado monárquica, arcaica, hereditaria, contraria a los principios de la democracia. ¿Qué entienden los del PPSOE por democracia?. Intencionadamente, tienen los conceptos equivocados con el fin de someter al pueblo a la ignorancia más supina, y, además, por la fuerza de las armas. No es estar en un país democrático participar en elecciones cada cuatro años, carecer de elecciones presidenciales y estar sometidos a una jefatura del Estado antidemocrática y fascista monárquica.

EL TERRORISMO FINANCIERO QUE PRACTICAN LOS CAPITALISTAS DEL NORTE, SOMETE AL SUR A LA MUERTE, LA MISERIA, EL HAMBRE Y LA INFAMIA. VIOLANDO SUS DERECHOS HUMANOS.

Mientras que nunca había habido en el Planeta tantos humanos pasando hambre (uno de cada siete, ¡más de 1.000 millones de personas!), Jean Ziegler, uno de los pocos suizos honorables, actualmente asesor de los programas de alimentación y de derechos humanos de la ONU, no se cansa de recordarnos que “el hambre no es una fatalidad, es un asesinato” que tiene unos beneficiarios claros, como el Deustche Bank, Goldman Sachs y otros carroñeros neoliberales. Incluso, los alimentos básicos están en manos de una economía de casino como si las necesidades de nutrición de enormes masas humanas fueran irrelevantes.

Entre los “detalles” que no aparecen en los medios de comunicación estándar y que permiten explicar el porqué de las cosas está la balanza fiscal negativa del Norte con el Sur. Quiero decir, la paradoja de que el Sur empobrecido mayoritario del Planeta sebvencione, cada vez más, la minoría rica del Norte. A pesar del muro de obstáculos desinformativos que erige el cártel del régimen neoliberal -desde el FMI al Banco Internacional de Pagos pasando por la Banca Mundial o el G20- para que los principales perjudicados, los cientos de millones de desposeídos en situación crítica en todo el mundo, no sepan nada, comienzan a acumularse pruebas serias de cómo se perpetúa este terrorismo económico que tiene como efectos colaterales permanentes el hambre y la emigración de capital social básico del Sur.

Una primera pregunta relevante es de cuánto estamos hablando. Según el Center for International Policy, un prestigioso think tank independiente con sede en Washington DC, los flujos de dinero ilícito que se van del Sur hacia el Norte tendría un volumen anual entre siete y ocho veces superior a toda la ayuda oficial al desarrollo. En 2008, el volumen de dinero negro que salía del Sur para engordar el Norte oscilaba entre los 860.000 millones y 2 billones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo fue en 2011 de apenas 133.500 miliones de dólares. Visto de otro modo, supone perder ingresos equivalentes a tres veces las remesas de dinero que los 215 millones de emigrantes en el Norte envían a casa, 380.000 millones de dólares el año pasado.

Para el caso de África, el continente más empobrecido y con más personas hambrientas, entre 1970 y 2010 el Norte le habría extraído entre 889.000 millones y 2 billones de dólares. Con esta suma fabulosa, los africanos no sólo habrían podido cancelar su deuda externa total (de unos 250.000 millones de dólares en 2008) sino que, en el cálculo más conservador, les habrían sobrado 600.000 millones de dólares para erradicar el hambre, reducir pobreza y buscar sistemas de vida ecológicamente sostenibles con bienestar social para todos. La tendencia, por si fuera poco, es el incremento de esta rapiña: los flujos ilícitos hacia el Norte pasaron de 57.000 millones de dólares la década de los 70 a los 437 mil millones entre el 2000 y 2008.

¿Es la ciudadanía corriente del Norte, sin embargo, la gran beneficiaria de ese dinero robados en el Sur? En ningún caso, basta ver qué pasa en lugares como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España. Con la excusa de la crisis, su ciudadanía se encuentra acosada con políticas de ajuste estructural neoliberal que hace pocos años sólo parecían reservados a Corea del Sur, México o la Argentina del corralito. La tendencia es que estos estados colapsen fiscalmente por la imposibilidad de poder devolver la deuda que les han endosado, como avisa para el caso griego la ong Tax Research, sostenida por las Trade Unions británicas.

Entonces, ¿quién se lleva los millones perdidos del Sur? Se acumulan las evidencias que quien hace caja son las grandes corporaciones transnacionales. Basta recordar que las 10 primeras a nivel mundial mueven más dinero que la India y Brasil juntos. Hace poco, desde Eurodad, una red independiente de vigilancia sobre la deuda y el desarrollo, se detallaban los múltiples trucos que utilizan las transnacionales para hacer ingeniería contable y evadir impuestos tanto en el Sur como en el Norte. Una de los más productivos es el maquillaje de los números a base de transferir artificialmente cantidades importantes a filiales localizadas en estados o regiones con fiscalidad baja o casi inexistente. En otro extremo, se pueden inventar facturas de compra-venta falsas para evitar pagar impuestos. Así, se calcula que entre el 45 y el 50% de las transacciones internacionales están hinchadas en más de un 10% para aumentar el provecho gracias al diferencial fiscal entre unas regiones y otras del Planeta, siendo África el área donde esta manipulación contable alcanza su cenit.

Este desnivel de recaudación afecta muy especialmente del hemisferio sur. La razón es que mientras los estados de la OCDE -el club de los más ricos- tienden a mantener un nivel de impuestos equivalente al 35% del PIB, en los estados menos desarrollados suele ser mucho más bajo. En África subsahariana, por ejemplo, apenas representa el 18%. Así, al recaudar muchos menos impuestos de media que el Norte, el Sur sufre mucho más acusadamente la evasión fiscal de las corporaciones. Obviamente, el coste en desarrollo humano y en capacidad de alimentación suficiente para toda la población de este robo es enorme.

El punto clave, en este contexto, es que las corporaciones no actúan, en realidad, de manera “pirata” sino que no hacen más que utilizar una “patente de corso” otorgada por el régimen neoliberal. Como corsarios, pueden sortear las haciendas públicas del Sur y del Norte domiciliando buena parte de sus flujos financieros en un archipiélago de paraísos fiscales que tiene en la ciudad de Londres y en Wall Street sus zulos más letales. Así, el 21% de las filiales de las 50 primeras transnacionales europeas están domiciliadas en paraísos fiscales. De las 100 primeras compañías en la Bolsa de Londres, 98 tienen sociedades localizadas en el archipiélago corsario. Christian Chavagneux, redactor en jefe de la revista Économie Politique, avisa que la crisis financiera global ha exacerbado esta deriva parasitaria de las corporaciones hacia los paraísos fiscales.

Mientras los EEUU han visto reducir notablemente su atractivo como destinatario del ahorro mundial, estados canallas como Luxemburgo acaparan activos financieros equivalentes a 2.285 veces la riqueza nacional. Por tanto, si realmente queremos ayudar a eliminar rápidamente el hambre en el mundo y hacer que haya justicia social entre el Norte y el Sur, se impone poner en primer lugar de la agenda social y política el fin de los paraísos fiscales. Con el fin de abolir los “derechos” neoliberales de corsarismo en favor de corporaciones como UBS, Repsol o Sol Meliá, la prioridad es eliminar el secretismo, exigir la transparencia financiera de las corporaciones, haciendo que todo el mundo sepa qué declaran en todos los países en los que operan directamente y a través de sus filiales. Entre las buenas noticias de los últimos tiempos, sin duda está la vertebración de una cada vez más visible y poderosa COALICION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES a favor de eliminar los paraísos fiscales para ayudar a las poblaciones humanas más vulnerables. En un contexto mundial tan potencialmente apocalíptico, establecer este tipo de conexiones y coaliciones es la mejor semilla para la esperanza.

LA MONARQUÍA CAPITALISTA Y ABERRANTE SOLO LE IMPORTA EL BENEFICIO DE LOS CAPITALISTAS TITULARES DE LAS FARMACÉUTICAS, EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS. ESTÁN DESMONTANDO EL SISTEMA PÚBLICO DE LA SALUD, SIN IMPORTARLES QUE MUERAN MUCHOS CIUDADANOS POR DESATENCIÓN SANITARIA.

La dimensión económica de la asistencia sanitaria no debería hacer olvidar su dimensión política, ni el esforzado proceso de construcción histórica de los sistemas públicos de salud y su significación para el progreso social y el avance de los derechos civiles. Hoy es un hecho universalmente aceptado que los indicadores de salud de una población constituyen un factor fundamental para medir el bienestar social, de una manera más analítica y refinada que otros indicadores económicos como la renta per cápita o el PIB, los niveles de consumo y otros. Los índices de salud miden con mayor finura y precisión el nivel de desarrollo humano de una sociedad y ponen de relieve las desigualdades. La primera crisis del modelo sanitario del estado de bienestar ya planteó en los años 1980, tras la llamada crisis del Petróleo, la expansión de políticas neoliberales privatizadoras en busca de grandes bolsas de negocio en la gestión de los servicios de salud. La actual crisis está siendo utilizada de nuevo como coartada para imponer una mirada reduccionista, puramente ligada a la gestión financiera, del sistema público de salud. En este asunto no deberíamos consentir que también el mercado se imponga a la política. La eficiencia y la buena gestión de lo público no exige privatizaciones, co-pagos, ni restricción de servicios o exclusión de grupos marginales, que acentúan las desigualdades y, por consiguiente deterioran los índices de salud de la población. Obviamente, este es el escenario ideal para el desembarco de compañías españolas o internacionales de seguros que se proponen obtener beneficios del desmembramiento del sistema público. A pesar de las engañosas estrategias de marketing, los datos de la OCDE y los estudios epidemiológicos y sociológicos serios demuestran que el sistema sanitario público español es comparativamente barato y eficiente, y con toda seguridad la mejora en la gestión acentuaría aún más esta virtud. No es incompatible la gestión pública con la eficiencia en el control del gasto farmacéutico, ni con la regulación del uso de las tecnologías, ni con una educación sanitaria del ciudadano menos medicalizadora y consumista, que sirva para contrarrestar la presión del mercado sobre el consumo sanitario.

Los especialistas en salud pública coinciden en señalar que las desigualdades son el principal factor generador de enfermedad y es incuestionable que la privatización de la sanidad, la restricción de servicios y la exclusión de grupos de población implica un aumento de las desigualdades y un riesgo real para el deterioro de la salud. Que los responsables políticos valoren la sanidad en términos de gasto y deleguen un derecho fundamental como es el derecho a la salud a la dinámica del mercado es una verdadera catástrofe, es una renuncia política intolerable y una conducta inmoral e inhumana. El principal objetivo político frente a la crisis tendría que ser evitar el deterioro de la salud. Nuestros políticos neoliberales deberían aplicarse el viejo aforismo popular que decía que “con la salud no se juega”.

BANKIA SU PROTECTORA LA MONARQUÍA CORRUPTA Y SUS CRIMENES, DESAHUCIANDO, DESAMPARANDO, HUMILLANDO Y DEJANDO EN LA MISERIA A LA MAYORÍA DE LA CIUDADANÍA.

Dice el presidente de Bankia, Goirigolzarri, que no hay que pedir responsabilidades por el agujero de 24.000 millones de euros que nos dejaron sus anteriores dirigentes: 4.465 millones cubiertos con  dinero público en el verano pasado y 19.000 millones de los que nada sabíamos hasta ayer mismo, cuando saltó el escándalo, se hundieron las acciones de la entidad y el Estado tuvo que intervenir para evitar la ruina de centenares de miles de ahorradores. No hay duda de que nos engañaron, no a los mercados internacionales, pero si a los pardillos de aquí dentro, a los que engañaron diciendo que nuestro sistema financiero era el mejor del mundo.

Tras lo ocurrido con Bankia, 2.979 millones de pérdidas en 2011, y no unos supuestos beneficios de 300 millones, es lógico que los inversores y las agencias de -rating- desconfíen de la situación real del resto de nuestros bancos y cajas de ahorros. No hay razón alguna para pensar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el gobernador del Banco de España sólo hayan hecho la vista gorda con la emblemática Caja Madrid.

Quizá el nuevo presidente de Bankia haya querido decir que el pasado interesa menos que el futuro, pero el borrón y cuenta nueva en la gestión no excluye las responsabilidades personales y aquí las hay políticas e incluso penales. Lo ocurrido es tan grave para el patrimonio de quienes confiaron en la entidad y para el crédito de nuestro sistema financiero que resulta absolutamente necesario examinar los hechos bajo la lupa del Código Penal. En caso de no constituir delito, habrá que lamentarlo y tipificar pronto esas conductas bastante más reprobables que la práctica del “top manta”, por ejemplo.

El artículo 290 del Código Penal castiga como autor de un delito societario a “los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero”. Pues bien, en este caso se reflejó documentalmente una situación económica falsa en perjuicio de terceras personas. La posterior intervención del Estado como salvador no afectaría a la comisión de un delito ya consumado. Las infracciones criminales tienen autores, pero pueden también cooperadores necesarios y cómplices. Y hoy, según el artículo 31 bis del Código Penal, las propias -personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho-.

La gran alarma social está más que justificada. No cabe pasar página mientras haya el más mínimo vestigio o indicio de que alguien es personalmente responsable de este escándalo con enormes repercusiones a nivel internacional y en el peor momento imaginable. Cuando nuestra prima de riesgo se dispara y cuando nos aproximamos peligrosamente al rescate y a la intervención desde Bruselas. Todo esto se le debemos a la monarquía capitalista y corrupta a la que nos tienen sometidos por la fuerza de las armas.