LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO MONARQUICO EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE ESTA MONARQUÍA CORRUPTA. EN SUS CUENTAS NO APARECEN LOS GASTOS QUE OCASIONA EL BORBON EXTERNOS A SU PARTIDA PRESUPUESTARIA, COMO TAMPOCO LOS GASTOS QUE LE IMPUTAN A OTROS MINISTERIOS Y QUE NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO DE DEFENSA.

La aritmética es una ciencia exacta, pero los números cada uno los hace bailar a su manera. Esto es lo que pasa con las cuentas del presupuesto de Defensa: en los últimos cuatro años, el Gobierno nos ha presentado un presupuesto con unos números que representan un descenso respecto al año anterior. Luego, en el transcurso del ejercicio, esas cifras se han visto ampliadas con aportaciones extraordinarias, y al finalizar el ejercicio, acaban con un incremento que, según el año, oscila entre un 15% y un 20%, y que en el último decenio han supuesto un promedio de 1.400 millones de euros anuales.

Este mismo año 2012 se han superado todos los récords, se ha concedido un crédito extraordinario de 1.827,7 millones para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEAs), los cazas Eurofigther, los blindados Leopardo y Pizarro, los diversos buques militares, los helicópteros Tigre y NH-90, y así hasta 19 programas de armas. Pero, además, se han suplementado otras partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior, denominadas de manera eufemística “de mantenimiento de la paz”, cuando lo que están llevando a cabo en Afganistán es apoyo a una de las partes en una guerra civil; o en el océano Índico, donde protegen a los atuneros que expolian los caladeros frente a Somalia. Una partida a la que cada año se le asignan unos insuficientes 14,36 millones, que acaba el año superando los 850 millones y que es suplementada desde los Fondos de Contingencia, un cajón de sastre de donde se echa mano para ese pago. Otra fuente de ingresos es la generada por la venta de patrimonio público en manos de Defensa, que es uno de los mayores propietarios de patrimonio del Estado: cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas. En los últimos años se ha permitido la enajenación de dichas propiedades, lo que este año ha aportado 243 millones a las arcas de Defensa. Una cuantía que se destina, mayoritariamente, al pago de armamentos.

Estas modificaciones, que han suplementado el presupuesto de Defensa en 2.826,7 millones han supuesto un incremento, hasta septiembre de 2012, de un 27% respecto al presupuesto inicial, cuando, en boca del Gobierno, se había anunciado que disminuía un 8,8%. Una rebaja que se ha convertido en una estrepitoso engaño, pues hay recursos para suplementar el gasto de las fuerzas armadas pero no para gasto social o para el desarrollo de la economía productiva.

La previsión de pago del Ministerio de Defensa para el próximo año respecto de los controvertidos PEAs, de los cuales se adeudan nada más y nada menos que 32.000 millones, es de 6,84 millones. ¿Ocurrirá lo mismo que en 2012 y, avanzada la legislatura, se volverán a proporcionar más créditos extraordinarios para pagar las armas? La respuesta la ha dado el secretario de Defensa, Pedro Argüelles, ante la Comisión de Defensa del 8 de octubre, donde afirmó que no descartaba recurrir de nuevo a créditos para hacer frente al pago de esas armas. Se puede afirmar, por tanto, que la propuesta de disminuir un 6,7% el presupuesto de Defensa para el próximo 2013  (hasta 6.913,6 millones) es, sin ningún género de dudas, una falsedad.

Pero también hay una segunda cuestión que tiene que ver con la manera de contabilizar el gasto militar. La OTAN expone unos criterios sobre cómo los estados miembros deben presentar las cuentas. Y, siguiendo esos criterios, se debería tener presentes todos los gastos militares repartidos por otros ministerios, como las clases pasivas militares, la mutua militar, las contribuciones a organismos militares internacionales, el cuerpo militar de la GuardiaCivil y las ayudas en I+D militar del Ministerio de Industria. Entonces la cuantía se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si a ello se añade la parte proporcional de los intereses de la deuda de Defensa -que en su conjunto, y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera considerable- y se tienen en cuentas las aportaciones extraordinarias que se suman durante el ejercicio,  el gasto militar para el año 2013 superará los 16.000 millones de euros.

Los apologetas de la defensa armada esgrimen, como principal argumento del gasto militar, los enormes beneficios que reporta a la economía nacional la producción de armamentos por los efectos del trasvase de tecnologías en I+D a la producción de bienes civiles. Una especulación demostrada en contadísimos casos, cuando, al contrario, está demostrado que el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva, pues, como demuestran esos PEAs, genera endeudamiento y déficit público.

Los enormes recursos que absorben esos costosísimos programas de armamentos en la España del 25% de la población activa en paro no responden a las necesidades reales de seguridad de los españoles, sino al contrario, contribuyen a la inseguridad, destruyendo la economía real.

«TODO ESTÁ ATADO Y BIEN ATADO» DEL ÚLTIMO MENSAJE DE FRANCO. LA DESTRUCCIÓN POR LA MONARQUÍA FRANQUISTA DEL PUEBLO, SOMETIÉNDOLO A LA MISERIA, LA IGNORANCIA, LA HUMILLACIÓN, EL DESAHUCIO Y EL DESAMPARO, UTILIZANO COMO INSTRUMENTO DESTRUCTOR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MONÁRQUICOS. 

Antes de cada proceso electoral todos los partidos políticos, con la complicidad de la monarquía, que deciden concurrir al mismo elaboran un programa electoral. En estos programas cada organización detalla las políticas que tiene previsto poner en práctica durante la siguiente legislatura. La elaboración de estos documentos puede ser más o menos transparente o participativa. Algunos partidos abren el proceso de elaboración de su programa a toda la ciudadanía y organizaciones sociales interesadas, otros partidos encomiendan esta tarea únicamente a sus militantes, y otros encargan esta misión a opacas fundaciones dependientes de sus propias estructuras organizativas.

A pesar de lo diferente de la elaboración de los programas electorales, en lo que todos los partidos políticos coinciden es en que estos programas deben ser un contrato o compromiso firme que adquieren las organizaciones con sus votantes y con toda la ciudadanía en general, ya que una vez que todas las organizaciones políticas monárquicas presentan sus programas, es la ciudadanía la que tras el estudio o revisión de los mismos decide otorgar su voto a uno u otro partido en base a la promesas que figuran en cada uno de ellos, que por cierto, ninguno reclama la DEMOCRACIA PLENA en la que se pueda elegir al presidente del país.

Por lo dicho en las líneas previas, se presume que una vez llegado un partido político al Gobierno está obligado legalmente a cumplir y poner en práctica todo lo que debidamente figure en su programa electoral. Haciendo una comparación bastante simple, cuando una persona particular adquiere un compromiso o firma un contrato con otro particular, cuando una de las partes incumple el citado compromiso, la parte damnificada acude a la Justicia, y esta sanciona debidamente a la parte incumplidora.

Pues bien, en la actualidad, el Gobierno del Partido Popular monárquico presidido por Mariano Rajoy esta estafando a toda la ciudadanía del Estado español. Desde que este señor obtuvo la presidencia del Gobierno únicamente se ha preocupado por incumplir todas y cada una de las promesas que figuraban en su programa electoral.

Durante los últimos meses del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, así como durante toda la campaña electoral, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esteban González Pons y el resto de dirigentes del Partido Popular fueron los encargados de vociferar todas y cada una de las promesas electorales que ellos mismos incumplirían pocos meses después; no subir el IRPF, no subir la electricidad, no tocar ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación; no inyectar ni un solo céntimo a los bancos que no ofrecían liquidez a las familias, no abaratar el despido o no promover una amnistía fiscal.

Cuando ya parecía que era imposible incumplir una promesa electoral más, el monárquico señor Rajoy salió a hombros por la puerta grande de la mentira e incumplió de nuevo una de sus máximas promesas electorales: no subir el IVA. Durante toda la pasada campaña electoral los populares juraron y perjuraron que no subirían el IVA bajo ningún pretexto, juramentos que no tardaron en olvidar nada más llegar a la Moncloa. Y la Zarzuela aplaudiendo.

En el caso de la subida del IVA lo más grave de la cuestión no reside en el propio incumplimiento de la pertinente promesa electoral, sino en la burda hipocresía con la que los monárquicos populares han jugado con la población española. Tirando de hemeroteca nos acordamos de lo dicho por estos señores de la subida del IVA llevada a cabo por el Partido Socialista en julio del 2010. Toda la maquinaria mediática de los populares se afanó por cargar contra esta subida ya que la misma conllevaba más paro, menos consumo, menos bienestar, menos recuperación, menos economía, menos inversión, menos comercio, menos actividad, más recesión, menos negocio, menos ahorro y menos oportunidades (todo ello palabras textuales de la monárquica madrileña Esperanza Aguirre).

Estos señores tan faltos de memoria, que ponen en práctica las satánicas medidas que ellos mismos condenaban hace dos años, nos toman por estúpidos e intentan hacernos creer que hoy es necesario lo que ayer era un suicidio económico. Con la actual subida del IVA los populares únicamente van a lograr contraer más la economía y reducir más el consumo, así como estrangular más si cabe a las familias, autónomos y pequeñas empresas, las cuales se van a ver condenadas a la subida de precios y, por consiguiente, a la reducción de sus ventas.

¿Hasta cuándo vamos a permitir la ciudadanía que estos señores nos estafen incumpliendo de forma descarada todas y cada una de sus promesas electorales? En una presunta democracia del siglo XXI tendrían que existir herramientas o mecanismos democráticos que velasen por el cumplimiento de los programas electorales de los partidos políticos, y que a su vez sancionasen y expulsaran del gobierno a todo aquel que incumpliera la más mínima de sus promesas electorales.

Por todo ello, ante la continua prostitución del sistema imperante, y ante la demostrada inoperancia de PPSOE (los dos partidos políticos, monárquicos, cómplices del sistema bipartidista), se antoja imprescindible una rebelión democrática que haga frente a la guillotina social empleada por la monarquía y sus gobiernos monárquicos franquistas.

LA FELONÍA DE JUAN CARLOS BORBÓN. SUS ASESINATOS. SUS DELITOS DE TODA LAYA Y COMO JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, LA MAYOR INFAMIA A QUE SE PUEDE SOMETER A UN PUEBLO, COMO CÓMPLICES SUS GOBIERNOS MONÁRQUICOS Y LOS DEMÁS BORBONES CORRUPTOS DE SU FAMILIA.

Juan Carlos de Borbón empezó su infausta carrera, después de matar a su hermano de un certero disparo, poniéndose a disposición del dictador fascista y asesino que a la sazón aherrojaba España, colonias incluidas, con la pretensión de que le designara sucesor. Ninguna bajeza le fue ajena, incluida la felonía de ser proclamado rey por las Cortes fascistas mientras su padre, Juan III, vivía y no había abdicado, lo que le arrancó al cabo de los años. Mantuvo intacto el aparato de la dictadura y sus responsables, hasta que la presión popular e internacional le hizo imposible mantener la monarquía del 18 de julio. Juró los Principios Fundamentales del Movimiento, jamás ha jurado la Constitución.

Borboneó de inmediato intentando establecer un régimen semiautoritario, promovió golpes de Estado, y su fracaso le hizo prisionero de una voluntad democrática general que inteligentemente le presentó como un garante de la democracia que le atrapó en ese papel.

Vinieron unas décadas de envolverlo en un respeto basado en la continua intimidación, censura, y compra de periodistas y de políticos, facilitada ésta por el inmenso patrimonio que por comisiones y favores se dedicó Juan Carlos a amasar, no sin abandonar a la prisión a sus sucesivos colaboradores y encubridores según estallaban los escándalos que su corrupción generaba.

Todo empezó a torcerse en los últimos años, cuando internet imposibilita el círculo de silencio mediático y las fábulas que le protegían, a él, a su patrimonio y métodos de conseguirlo, a su vida personal y sexual, a su familia disfuncional, y a su insondable estupidez y maldad. Los documentos de los países extranjeros empiezan a desclasificarse, y nada puede hacerse para impedirlo. LA MONARQUÍA HA CAÍDO: ¡VIVA LA REPÚBLICA!.

LAS ABERRACIONES Y DEMAGOGIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTA MONARQUÍA CORRUPTA, DONDE MUEREN EN PRISIÓN UNA MEDIA ANUAL DE MÁS DE MIL DOSCIENTOS PENADOS, EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

Se suelen difundir, los medios monárquicos, varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal nombre, sino en pasiones, acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y salen por la otra, así como que las cárceles son hoteles, son tópicos que incomprensiblemente reinan en la sociedad española y sus medios de comunicación.

Cuando la crítica, absolutamente necesaria y bastante insuficiente, debería ir por otro lado. Es urgente una modernización de nuestro Derecho penal. Es descabellado que a las cárceles vayan masivamente los pobres, como en la monarquía  del siglo XIX, en tanto que los delitos más graves de carácter económico viven en una zona de descarada impunidad. Que los más de setenta mil penados y condenadas lo sean, sobre todo, por delitos de trapicheo de drogas, contra la salud pública y atentados contra la propiedad privada (hurtos, etcétera), y una generosa amnistía fiscal haya sido promovida recientemente por el actual Gobierno para defraudadores de Hacienda y blanqueadores de capital ilícito, son dos datos incontestables que hablan por sí solos.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la posibilidad de introducir en el sistema español la cadena perpetua o alguna medida similar, altas penas revisables, sabedor del eco que tienen entre el gran público sucesos como el caso Bretón y otros semejantes. Los partidarios de esas medidas acostumbran a sostener que en países como Alemania figura la condena a perpetuidad, de por vida. Bueno será recordar, una vez más, que el Tribunal Constitucional alemán ha obligado a revisar la cadena perpetua cada 15 años. Y la fecha límite no es casual, porque ese alto tribunal y la doctrina criminalista estiman que, después de quince años, se producen en el físico y en la psique del reo “daños irreversibles en su personalidad” y su “destrucción como ser social”. Tal y como, hace ya mucho tiempo, lo denunciara con brillantez el penalista Enrique Gimbernat ante la reforma del Código de 1995 por su incremento de los castigos de larga duración.

Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Digámoslo con claridad: la destrucción del autor de crímenes horrendos. Pero en España no solamente está prohibida constitucionalmente la pena de muerte, sino también las penas inhumanas (art. 15 de la Constitución). Y la cadena perpetua, por las razones expuestas, tiene ese inequívoco carácter inhumano. Además, en España un recluso, en determinados supuestos, puede cumplir íntegramente hasta ¡40 años! de privación de libertad. ¿No es esto, ya, suficiente y hasta demasiado?

Con esas propuestas de endurecimiento, Gallardón pretende dar gusto al Partido del Talión, al del ojo por ojo, tan presente siempre entre las filas conservadoras. Pero el Estado de Derecho no está para ejecutar venganzas, sino para hacer justicia, con el máximo respeto a los derechos humanos, inclusive los del delincuente. Hace ya muchos años, en 1762, Beccaria sostuvo que el Estado no puede ponerse nunca a la altura moral del asesino u homicida y reprimir la muerte con otra muerte legal. La grandeza del Estado de Derecho es, precisamente, ésa: la de no tratar jamás al delincuente como éste trató a sus víctimas. La represión siempre dentro de la legalidad y la proporcionalidad, lo que quiere decir, el caso es de hoy, que el autor del repugnante secuestro de Ortega Lara no ha de esperar que se le haga lo mismo que él hizo, sino que puede aguardar el mismo tratamiento que el Reglamento penitenciario reserva para todos los reclusos que sean enfermos terminales.

Pero el incremento de las penas que promueve Gallardón tiene, por otro lado, demasiado sonido a lo que los alemanes llaman Derecho penal simbólico. Es decir, aquellas reformas legales que nada van a resolver realmente, pero permiten pescar con éxito en los revueltos ríos electorales.

Se nos suele presentar a los garantistas como ingenuos, cuando no como enfermos de “buenismo”. Pero no somos sino profundamente realistas, porque, ¿se ha creído alguien que medidas como las propuestas por Gallardón van a parar los pies, a disuadir del crimen, a un psicópata desalmado con propósito firme de delinquir? Seamos serios: es bien sabido que la pena capital en EEUU nunca hizo disminuir allí los crímenes sangrientos.

LA JUSTICIA QUE COMPLACE A LA MONARQUÍA, ES UNA JUSTICIA CORRUPTA, MANIPULADORA, FALAZ Y SOMETEDORA DE LOS CIUDADANOS A LAS MAYORES VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS.

La sociedad democrática ha sido producida por nuestras necesidades y el gobierno por la maldad de los monárquicos; la primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo entre sí nuestros afectos; el otro crea las diferencias. La primera protege, el segundo castiga injustamente. La sociedad democrática, en la que no estamos, es una bendición; el gobierno monárquico, incluso en su mejor forma, no es más que un mal; en su forma peor es insoportable.

La justicia que complace a la monarquía es, en primer lugar, la del privilegio. La igualdad como principio, la desigualdad como sistema. El fuero como norma y la inmunidad como fin. Es lo que procura por encima de todo la impunidad del poder en medio de grandes protestas de seguridad y democracia. El derecho y los jueces son un instrumento de la política, y el llamado poder judicial una herramienta que el poder real, el fáctico, puede utilizar a su arbitrio al servicio de sus intereses privados. La razón jurídica del estado de derecho queda subordinada a la razón del poder fáctico. Las exigencias de justicia, a los criterios de oportunidad y conveniencia. Si los máximos de los crímenes de corrupción o terrorismo de estado forman o han formado parte de la clave de bóveda del sistema político, de tal forma que su incriminación puede hacer estallar la urdidumbre y la trama de los consensos que están en la base de este sistema monárquico: consenso político, consenso institucional y consenso jurisdiccional; que respondan todos menos los máximos responsables. El príncipe es inviolable. No responde ante nadie. El poder judicial no pasa de ser un subpoder. Juzga y hace ejecutar lo juzgado siempre que no invada la justicia de palacio o no toque el corazón del sistema corrupto.

Es el “príncipe” el que protege al derecho, no el derecho al “príncipe”. El rey hace los jueces y cuando cogobernaba con Franco, también a los obispos.

EN ESPAÑA NO HA HABIDO TRANSICIÓN A LA DEMOCRÁCIA PLENA, LA PRUEBA ES QUE EN LA JEFATURA DEL ESTADO TENEMOS A UN FRANQUISTA ANTIDEMÓCRATA QUE ADEMÁS, HA HECHO EL CARGO HEREDITARIO EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA.

Parece ser que nuestro presidente de gobierno en cooperación necesaria con la oposición y con el jefe del estado han hecho giras por alguno de los países que recientemente se han rebelado contra sus déspotas para exportarles nuestro modelo de transición. Algunos pensamos que ya está bien de sacar a pasear nuestro modelo de transición antidemocrática, que se ha convertido en un modelo de impunidad para los perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos. No sabe uno a qué se debe el orgullo de tantos monárquicos en este país, pues no son demócratas. España no ha querido cumplir ninguna de las obligaciones que impone el derecho internacional en los casos de crímenes de lesa humanidad como los cometidos masivamente por los “los traidores y rebeldes contra la democrática II REPÚBLICA”. La Ley de Amnistía y la llamada “Ley de la Memoria Histórica” se están utilizando en nuestro país como leyes de punto final, lo que está expresamente prohibido por las convenciones internacionales. A nuestros jueces y forenses les han sacado los colores en Latinoamérica cuando han ido a “explicar” en algunos países cómo tienen que pasar de una dictadura a una democracia desde la incómoda posición de ser España el segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de la Camboya del Pol Pot. ¿Qué va a explicar el Presidente en estos países que han tenido el coraje de rebelarse contra sus dictadores?, ¿cómo dejar todo “atado y bien atado” para que ningún dictador pague por sus crímenes? Desde luego, en materia de impunidad, España puede dar bastantes lecciones, desde cómo hacer leyes de punto final hasta cómo desactivar el principio de justicia universal, empezando por cómo hacer una ley supuestamente para colaborar con la Corte Penal Internacional que tenga un truco por el que en realidad la colaboración es una tomadura de pelo (artículo 7.2), hasta cómo modificar cuestiones esenciales “por la puerta de atrás”, y me refiero al serio recorte al principio de justicia universal que se había instaurado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se recortó drásticamente en 2010 con la modificación de ese principio desde una reforma ¡de la oficina judicial!

Pero todavía no acaban las lecciones en materia de impunidad, que puede extenderse también al ámbito fiscal. El Presidente, en nombre de J.C.Borbón y F.Borbón puede explicar también cómo hacer que las grandes empresas y los grandes fortunas no paguen prácticamente impuestos, y como botón, ahí está ExxonMobil Spain: 10.000 millones de beneficios en dos años con un solo trabajador y sin dejar un euro al fisco.

Y, por si fuera poco, también puede dar lecciones sobre cómo hacer y mantener una ley electoral que asegure que ningún partido que amenace el orden capitalista desde la izquierda tenga opciones de llegar al poder. ¡Verdaderamente hay que tener cara dura para ir a dar lecciones de democracia por ahí!, cuando en España carecemos de democracia plena. Tenemos una jefatura del Estado monárquica, arcaica, hereditaria, contraria a los principios de la democracia. ¿Qué entienden los del PPSOE por democracia?. Intencionadamente, tienen los conceptos equivocados con el fin de someter al pueblo a la ignorancia más supina, y, además, por la fuerza de las armas. No es estar en un país democrático participar en elecciones cada cuatro años, carecer de elecciones presidenciales y estar sometidos a una jefatura del Estado antidemocrática y fascista monárquica.

EL TERRORISMO FINANCIERO QUE PRACTICAN LOS CAPITALISTAS DEL NORTE, SOMETE AL SUR A LA MUERTE, LA MISERIA, EL HAMBRE Y LA INFAMIA. VIOLANDO SUS DERECHOS HUMANOS.

Mientras que nunca había habido en el Planeta tantos humanos pasando hambre (uno de cada siete, ¡más de 1.000 millones de personas!), Jean Ziegler, uno de los pocos suizos honorables, actualmente asesor de los programas de alimentación y de derechos humanos de la ONU, no se cansa de recordarnos que “el hambre no es una fatalidad, es un asesinato” que tiene unos beneficiarios claros, como el Deustche Bank, Goldman Sachs y otros carroñeros neoliberales. Incluso, los alimentos básicos están en manos de una economía de casino como si las necesidades de nutrición de enormes masas humanas fueran irrelevantes.

Entre los “detalles” que no aparecen en los medios de comunicación estándar y que permiten explicar el porqué de las cosas está la balanza fiscal negativa del Norte con el Sur. Quiero decir, la paradoja de que el Sur empobrecido mayoritario del Planeta sebvencione, cada vez más, la minoría rica del Norte. A pesar del muro de obstáculos desinformativos que erige el cártel del régimen neoliberal -desde el FMI al Banco Internacional de Pagos pasando por la Banca Mundial o el G20- para que los principales perjudicados, los cientos de millones de desposeídos en situación crítica en todo el mundo, no sepan nada, comienzan a acumularse pruebas serias de cómo se perpetúa este terrorismo económico que tiene como efectos colaterales permanentes el hambre y la emigración de capital social básico del Sur.

Una primera pregunta relevante es de cuánto estamos hablando. Según el Center for International Policy, un prestigioso think tank independiente con sede en Washington DC, los flujos de dinero ilícito que se van del Sur hacia el Norte tendría un volumen anual entre siete y ocho veces superior a toda la ayuda oficial al desarrollo. En 2008, el volumen de dinero negro que salía del Sur para engordar el Norte oscilaba entre los 860.000 millones y 2 billones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo fue en 2011 de apenas 133.500 miliones de dólares. Visto de otro modo, supone perder ingresos equivalentes a tres veces las remesas de dinero que los 215 millones de emigrantes en el Norte envían a casa, 380.000 millones de dólares el año pasado.

Para el caso de África, el continente más empobrecido y con más personas hambrientas, entre 1970 y 2010 el Norte le habría extraído entre 889.000 millones y 2 billones de dólares. Con esta suma fabulosa, los africanos no sólo habrían podido cancelar su deuda externa total (de unos 250.000 millones de dólares en 2008) sino que, en el cálculo más conservador, les habrían sobrado 600.000 millones de dólares para erradicar el hambre, reducir pobreza y buscar sistemas de vida ecológicamente sostenibles con bienestar social para todos. La tendencia, por si fuera poco, es el incremento de esta rapiña: los flujos ilícitos hacia el Norte pasaron de 57.000 millones de dólares la década de los 70 a los 437 mil millones entre el 2000 y 2008.

¿Es la ciudadanía corriente del Norte, sin embargo, la gran beneficiaria de ese dinero robados en el Sur? En ningún caso, basta ver qué pasa en lugares como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España. Con la excusa de la crisis, su ciudadanía se encuentra acosada con políticas de ajuste estructural neoliberal que hace pocos años sólo parecían reservados a Corea del Sur, México o la Argentina del corralito. La tendencia es que estos estados colapsen fiscalmente por la imposibilidad de poder devolver la deuda que les han endosado, como avisa para el caso griego la ong Tax Research, sostenida por las Trade Unions británicas.

Entonces, ¿quién se lleva los millones perdidos del Sur? Se acumulan las evidencias que quien hace caja son las grandes corporaciones transnacionales. Basta recordar que las 10 primeras a nivel mundial mueven más dinero que la India y Brasil juntos. Hace poco, desde Eurodad, una red independiente de vigilancia sobre la deuda y el desarrollo, se detallaban los múltiples trucos que utilizan las transnacionales para hacer ingeniería contable y evadir impuestos tanto en el Sur como en el Norte. Una de los más productivos es el maquillaje de los números a base de transferir artificialmente cantidades importantes a filiales localizadas en estados o regiones con fiscalidad baja o casi inexistente. En otro extremo, se pueden inventar facturas de compra-venta falsas para evitar pagar impuestos. Así, se calcula que entre el 45 y el 50% de las transacciones internacionales están hinchadas en más de un 10% para aumentar el provecho gracias al diferencial fiscal entre unas regiones y otras del Planeta, siendo África el área donde esta manipulación contable alcanza su cenit.

Este desnivel de recaudación afecta muy especialmente del hemisferio sur. La razón es que mientras los estados de la OCDE -el club de los más ricos- tienden a mantener un nivel de impuestos equivalente al 35% del PIB, en los estados menos desarrollados suele ser mucho más bajo. En África subsahariana, por ejemplo, apenas representa el 18%. Así, al recaudar muchos menos impuestos de media que el Norte, el Sur sufre mucho más acusadamente la evasión fiscal de las corporaciones. Obviamente, el coste en desarrollo humano y en capacidad de alimentación suficiente para toda la población de este robo es enorme.

El punto clave, en este contexto, es que las corporaciones no actúan, en realidad, de manera “pirata” sino que no hacen más que utilizar una “patente de corso” otorgada por el régimen neoliberal. Como corsarios, pueden sortear las haciendas públicas del Sur y del Norte domiciliando buena parte de sus flujos financieros en un archipiélago de paraísos fiscales que tiene en la ciudad de Londres y en Wall Street sus zulos más letales. Así, el 21% de las filiales de las 50 primeras transnacionales europeas están domiciliadas en paraísos fiscales. De las 100 primeras compañías en la Bolsa de Londres, 98 tienen sociedades localizadas en el archipiélago corsario. Christian Chavagneux, redactor en jefe de la revista Économie Politique, avisa que la crisis financiera global ha exacerbado esta deriva parasitaria de las corporaciones hacia los paraísos fiscales.

Mientras los EEUU han visto reducir notablemente su atractivo como destinatario del ahorro mundial, estados canallas como Luxemburgo acaparan activos financieros equivalentes a 2.285 veces la riqueza nacional. Por tanto, si realmente queremos ayudar a eliminar rápidamente el hambre en el mundo y hacer que haya justicia social entre el Norte y el Sur, se impone poner en primer lugar de la agenda social y política el fin de los paraísos fiscales. Con el fin de abolir los “derechos” neoliberales de corsarismo en favor de corporaciones como UBS, Repsol o Sol Meliá, la prioridad es eliminar el secretismo, exigir la transparencia financiera de las corporaciones, haciendo que todo el mundo sepa qué declaran en todos los países en los que operan directamente y a través de sus filiales. Entre las buenas noticias de los últimos tiempos, sin duda está la vertebración de una cada vez más visible y poderosa COALICION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES a favor de eliminar los paraísos fiscales para ayudar a las poblaciones humanas más vulnerables. En un contexto mundial tan potencialmente apocalíptico, establecer este tipo de conexiones y coaliciones es la mejor semilla para la esperanza.